Gómez-Acebo & Pombo en la cumbre del M&A en 2020

Para la Gran Sala del Tribunal de Justicia, una exención fiscal basada en criterios objetivos y no discriminatorios e integrada en la lógica del régimen jurídico del impuesto al que acompaña es inherente al régimen tributario «normal» y no confiere, en principio, una ventaja selectiva. En estos supuestos, los requisitos para conceder la exención son neutros desde el punto de vista de la competencia y el hecho de que algunas empresas los cumplan y otras no carece de pertinencia a la luz de las normas sobre las ayudas de Estado.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del 2025 aborda el alcance de las modificaciones contractuales en concesiones públicas adjudicadas originalmente a entidades in house que, con el tiempo, habían perdido esa condición. La cuestión prejudicial se planteó en un litigio sobre la ampliación de contratos de concesión de servicios auxiliares en autopistas para incluir la construcción y explotación de infraestructuras de recarga eléctrica.

La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de aplicar la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando una empresa familiar dedicada al arrendamiento de inmuebles contrata a una persona a jornada completa para gestionar la actividad, estando ésta se halla encuadrada en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha estimado las pretensiones del contribuyente al considerar que una comunicación de inicio de actuaciones referida, con carácter genérico, al ITP-AJD y a un ejercicio, y no a una operación individualizada, no tiene eficacia interruptiva de la prescripción, al tratarse de tributos de devengo instantáneo.

Se trata del último pronunciamiento de la Dirección General a propósito del enconado asunto de distinguir una segregación de una constitución de régimen inmobiliario de la Ley de Propiedad Horizontal

El Tribunal Supremo entiende que la estimación total o en parte de las pretensiones ejercitadas contra el mismo demandado, a los efectos de la condena en costas, viene referida a la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda, sin que pueda distinguirse en función de cuál de los demandantes está realmente interesado en unas u otras pretensiones

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde 2014. Su verdadera novedad es la imposición a determinadas empresas y entidades públicas de la obligación de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación. La escueta regulación del real decreto suscita algunas dudas interpretativas.

Los perjuicios del pishing los paga el banco, no el cliente Primera sentencia del TS sobre una materia muy debatida en jurisprudencia de primera instancia y no correctamente regulada en la normativa de servicios de pago

La calificación de la acción determina la norma de competencia judicial o del Derecho aplicable que debe ser utilizada en cada caso concreto. En el caso de los reglamentos europeos sobre estas materias, los criterios que se han de utilizar son autónomos, están establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pueden diferir de los utilizados en la aplicación de las normas de fuente estatal.