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Gómez-Acebo & Pombo incorpora a Aitor Soloeta como responsable de Fiscal en Bilbao
Gómez-Acebo & Pombo incorpora a Aitor Soloeta como nuevo responsable de Fiscal de la oficina de Bilbao.
Aitor Soloeta, hasta ahora socio de Fiscal de PwC en Bilbao es un reconocido experto en Derecho Tributario Foral, y también ha prestado asesoramiento a entidades de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su carrera profesional como abogado fiscalista, asesorando a empresas durante nueve años, para pasar posteriormente a trabajar para la Administración Pública durante 21 años, 10 de ellos como Inspector de Finanzas, 4 años como responsable de los Departamentos de Hacienda y Promoción Económica de una Entidad Local, 3 años como responsable de la administración económica de las Juntas Generales de Bizkaia (parlamento de ese Territorio), y los últimos 4 años como Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia.
También ha sido vicepresidente del Consejo de Administración de la entidad financiera Bilbao Bizkaia Kutxa, antes de su transformación en Fundación Bancaria, en la que también ha participado como miembro de su Patronato.
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Aitor Soloeta, hasta ahora socio de Fiscal de PwC en Bilbao es un reconocido experto en Derecho Tributario Foral, y también ha prestado asesoramiento a entidades de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su carrera profesional como abogado fiscalista, asesorando a empresas durante nueve años, para pasar posteriormente a trabajar para la Administración Pública durante 21 años, 10 de ellos como Inspector de Finanzas, 4 años como responsable de los Departamentos de Hacienda y Promoción Económica de una Entidad Local, 3 años como responsable de la administración económica de las Juntas Generales de Bizkaia (parlamento de ese Territorio), y los últimos 4 años como Director General de la Hacienda Foral de Bizkaia.
También ha sido vicepresidente del Consejo de Administración de la entidad financiera Bilbao Bizkaia Kutxa, antes de su transformación en Fundación Bancaria, en la que también ha participado como miembro de su Patronato.
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Abogado mencionado
Aitor Soloeta – Counsel
Tipología
Nota de prensa
Contacto para prensa

Sandra Cuesta
Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación

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Más información sobre
Gómez-Acebo & Pombo
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Contratos del Sector Público N.º 180
El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público
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Sobre la acumulación de ejecuciones de hipotecas que gravan partes indivisas del mismo inmueble
A efectos del cumplimiento del requisito previsto en el apartado 4 del artículo 555 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Dirección General considera que las hipotecas gravan el mismo bien si garantizan distintas obligaciones con la misma cobertura hipotecaria, con identidad de deudor y con los mismos tipos de interés, plazo y demás cláusulas financieras.
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Know how, franquicia, restitución por resolución del contrato
Una reflexión sobre cómo la singularidad del know how puede hacer ineficientes los contratos de franquicia
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La reforma de la protección de los datos de registro de los medicamentos de uso humano
Se exponen las novedades que, en materia de protección de datos de registro de los medicamentos, se contienen en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un código de la Unión sobre medicamentos para uso humano y por la que se derogan la Directiva 2001/83/CE y la Directiva 2009/35/CE, así como las enmiendas aprobadas por el Parlameno Europeo en primera lectura.
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Exención en el IRPF por reinversión en rentas vitalicias: fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento y supuestos de rescate
La Dirección General de Tributos analiza, en el contexto de la exención del artículo 38.3 de la Ley 35/2006 —relativa a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales por personas mayores de 65 años que reinviertan lo obtenido en la constitución de una renta vitalicia asegurada—, las consecuencias fiscales que podrían derivarse del establecimiento de determinadas fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, así como del rescate de tales rentas vitalicias.
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Un apunte sobre el procedimiento a seguir para el lanzamiento del deudor ocupante del inmueble adjudicado en un procedimiento de ejecución hipotecaria
El Tribunal Supremo entiende que, aunque en los casos de vinculación del adjudicatario con el ejecutante aquél debe instar el desalojo dentro del proceso de ejecución y no en el de desahucio por precario, en el supuesto planteado no es posible remitirle al procedimiento (de ejecución) que se le dijo que no procedía por entender que era inadecuado, a pesar de que tal resolución fuera contraria a derecho, siendo admisible que acuda al de precario
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El alcance de la estimación de un recurso jurisdiccional sobre la base de la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 3/2016
El alcance de la Sentencia de la Audiencia Nacional recaída en el recurso núm. 1102/2022 es claro y abarca tanto la anulación del acuerdo desestimatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación y de la resolución del tribunal económico-administrativo que lo confirma como el reconocimiento del derecho del recurrente al restablecimiento de su situación jurídica individualizada.
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Acreedores demandados o demandantes de resolución contractual en el plan de reestructuración preconcursal
Anotaciones a los artículos 618, 619 y 620 del Texto Refundido de la Ley Concursal del 2022, en especial, sobre los límites a la facultad respectiva de resolver por parte de los acreedores o por parte del homologante.
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¿Pero qué efecto produce la transacción con uno de los demandados de rescisión concursal?
Es una pena que se lleve el recurso por infracción procesal, porque queda en la sombra una de las cuestiones MÁS DIFICILES relativa a la solidaridad y la transacción.