Gómez-Acebo & Pombo, un año más, nominado a Despacho del año en España en los Chambers Europe Awards

La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero del 2026 (rec. núm. 7520/2022) reitera la jurisprudencia previa sobre el derecho de los obligados tributarios que han soportado la repercusión legal del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos declarado contrario al Derecho de la Unión para solicitar y obtener la devolución de los ingresos indebidos. Sin embargo, no ordena la retroacción de actuaciones al no haber sido objeto de prueba ―cuya carga recae sobre la Administración― la existencia de enriquecimiento injusto como excepción al derecho a la devolución.

La mera remisión a un despacho profesional es insuficiente para apreciar causalidad por los daños derivados de la mala praxis de los profesionales. Ni siquiera si es el sindicato el que remite a sus afiliados al despacho que defiende sus asuntos, al que debería dirigirse directamente la acción.

La Dirección General de tributos defiende una interpretación integradora y conjunta de la normativa fiscal —artículo 54.5 de la Ley 35/2006— y civil —artículo 5.2 de la Ley 41/2003—, para resolver la cuestión relativa a la posibilidad de mantener los beneficios fiscales ligados a los patrimonios protegidos cuando se dispone del dinero previamente aportado para su reinversión en productos financieros más rentables.

El boletín informa de las novedades que se producen durante cada período en el Derecho español y comunitario europeo en materia de competencia. Cada número del Boletín está integrado por un artículo de portada, de carácter doctrinal que analiza y comenta las novedades legislativas y algunas cuestiones prácticas que se presentan en la interpretación o aplicación de las normas de competencia, escrito por un especialista en la materia.

El Reglamento (UE) 2025/2650 modifica el Reglamento (UE) 2023/1115, sobre deforestación (conocido como EUDR por sus siglas en inglés), aplazando su exigencia y ajustando las obligaciones para operadores y comerciantes de la Unión Europea. Introduce nuevas categorías de sujetos obligados, como los operadores posteriores y los micro- y pequeños operadores primarios, y establece un régimen de declaraciones simplificadas para estos últimos. Asimismo, simplifica las obligaciones de operadores posteriores y comerciantes, reduciendo así la carga administrativa y facilitando el cumplimiento de la norma. El documento analiza estos cambios, las fechas de aplicación y las implicaciones prácticas para las empresas afectadas.

Puede ser suficiente para entender agotada la vía judicial la adhesión a los incidentes promovidos por otras partes, salvo que las denuncias invocadas por el adherente no hayan sido alegadas en los incidentes de nulidad a los que se adhirió o se fundaran en motivos o en relación con actuaciones judiciales no contemplados en ellos.

El TJUE aclara el alcance de la aplicación de sus sentencias Shevill y e-Date y la relevancia del medio de difusión utilizado para emitir contenidos difamatorios en la delimitación de la competencia judicial internacional.

Para el Tribunal Económico-Administrativo Central, la artificiosidad y la persecución de un ahorro fiscal no son elementos exclusivos del conflicto en la aplicación de la norma. Estas notas también pueden estar presentes en la simulación, cuyo elemento diferencial es la existencia de una finalidad de ocultación o engaño. La mera existencia de negocios artificiosos no excluye la simulación, en especial en supuestos de interposición societaria.