Guillermo Guerra y Eduardo Orteu participan como ponentes en el II Foro ESG organizado por el Economista

El importe de la adjudicación o del precio de remate que se entrega al acreedor no puede exceder de la cobertura hipotecaria de la finca

La Dirección General de Tributos analiza cómo han de interpretarse los requisitos previstos en el artículo 23.2. de la Ley 35/2006 para aplicar la reducción del 90% sobre el rendimiento neto positivo del capital inmobiliario derivado del alquiler de viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, especialmente cuando se formalizan contratos de alquiler sucesivos

La legitimación de los propietarios para convocar la junta no es directa, sino que está condicionada a la previa inacción del presidente

El Tribunal Económico Administrativo Central analiza cómo ha de aplicarse el derecho a deducir el IVA soportado por una entidad holding por los servicios que como administradoras le prestan otras entidades, teniendo en cuenta que la entidad holding desarrolla tanto una actividad no económica de mera tenencia de participaciones —actividad no sujeta al impuesto— como una actividad económica de prestación de servicios de administración a sus filiales

Resumen de novedades legislativas y jurisprudenciales relativas al sector de la Automoción.

Cuando se discute una diferencia en el importe de la pensión —por cantidades no incluidas en la mejora voluntaria— es evidente que se reclama contra una falta de reconocimiento de una parte del derecho y no contra la falta de pago de un derecho ya reconocido. Corresponde la prescripción de cinco años

El gasto del burofax no constituye un gasto del cumplimiento ni un daño derivado del incumplimiento y solo puede repercutirse en el deudor cuando conste que la decisión de utilizarlo vino impuesta por una conducta suya (del deudor) que lo hiciera necesario

Las expresiones indemnización adecuada y reparación apropiada que aparecen en las normas internacionales no se identifican o especifican con términos o elementos concretos que deban ser atendidos a la hora de fijar un importe económico determinado o de otro contenido. De ahí que el Tribunal Supremo estime que la legislación nacional, especialmente el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, al establecer una indemnización tasada ante un despido injustificado, se ajusta a las normas internacionales. Por lo demás, se trata de normas con preceptos programáticos que no identifican elementos concretos para fijar un importe económico o de otro contenido que permita colmar la patente inconcreción de su literalidad, o su extrema vaguedad, por lo que no pueden considerarse normas directamente aplicables que desplacen la aplicabilidad de las previsiones de derecho interno.