La Audiencia Provincial de Madrid confirma la nulidad de una operación de compraventa de participaciones sociales realizada por una sociedad —como vendedora— a favor del administrador de dicha sociedad —que adquiere las participaciones a título personal— por conflicto de intereses del administrador con la sociedad administrada, no siendo suficiente una dispensa tácita para validar la operación

La declaración ―se entiende, firme― de la incapacidad del trabajador ya no extingue el contrato automáticamente, salvo que aquél manifieste su voluntad de no seguir trabajando. Pero la incapacidad permanente absoluta y la gran incapacidad son incompatibles con el trabajo. Por lo demás, el trabajador dispone de un plazo (¿de caducidad?) de diez días para decidir y el empresario dispone de un plazo (¿de caducidad?) de treinta días para resolver. Las empresas de menos de veinticinco trabajadores pueden valorar cuándo la obligación supone una carga excesiva, pero el resto queda al arbitrio de numerosos factores, no siempre objetivables. La empresa debe facilitar una oferta adecuada sin conocer bien de qué depende la adecuación.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre el alcance del artículo 29.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el principio de proporcionalidad en materia sancionadora.

La contratación de prestaciones de carácter intelectual, como son los servicios de arquitectura o ingeniería, plantea dificultades en tanto que la legislación de contratos no establece una regulación sistemática al respecto. Esta circunstancia, unida a los requisitos legales previstos para la adquisición de este tipo de bienes, determina en ocasiones la celebración de contratos que no se ajustan, en su definición o configuración, a los contornos legales que delimitan esta modalidad contractual.

Una curiosa sentencia sobre resolución y riesgo de pérdida en las ventas de bienes muebles

La extinción registral de una sociedad liquidada societariamente no implica la pérdida de la personalidad jurídica. El derecho de tanteo es un activo sobrevenido y su ejercicio por el antiguo liquidador, utilizando el nombre o razón social de la sociedad extinguida, es válido

Una interesante sentencia sobre coligación contractual y sobre la integración del artículo 1706 del Código Civil cuando la sociedad civil con un tercero es una relación coligada a un contrato de trabajo del que el socio coligado no es parte.

Irlanda ha incorporado la obligada presencia del 40 % de mujeres consejeras no ejecutivas en los consejos de administración de las sociedades cotizadas a partir del 30 de junio del 2026, mediante la modificación de la Companies Act del 2014. A diferencia de lo legislado en España, se ha limitado el porcentaje a esta clase de consejeras.

Está pendiente la resolución de una cláusula que autorice la firma de contratos de administración entre la sociedad y los consejeros con funciones de supervisión