La reciente Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2026 fija doctrina casacional sobre las consecuencias económicas de la continuación forzosa, impuesta por la Administración, de un contrato de servicios una vez agotado su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato. El Tribunal Supremo concluye que, cuando ni el contrato ni la legislación vigente en ese momento prevén esa continuación forzosa, los daños y perjuicios derivados de la prolongación obligada de la prestación deben ser asumidos por la Administración, atendiendo al precio real del servicio en el momento en que se prestó, y no a las condiciones económicas de un contrato ya extinguido.

El Real Decreto 640/2024 establece los nuevos límites máximos de inversión en la red de transporte y de distribución de energía eléctrica que podrán ser retribuidos con cargo al sistema eléctrico y modifica los procedimientos de aprobación de los planes de inversión en redes de transporte y de distribución, así como su contenido, publicidad y los mecanismos de control de su ejecución a partir del año 2028.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de una cuestión prejudicial, ha examinado si se opone al Derecho de la Unión una normativa nacional que obliga a poner a disposición del público datos personales de los socios (incluso de los minoritarios) de una sociedad anónima cuando el acceso a dichos datos no está supeditado a ningún requisito, por ejemplo, la acreditación de un interés legítimo.

La DG incurre en el formalismo de distinguir entre prenda y cesión en garantía, impidiendo el acceso registral sin justificación

Producido el despido con posterioridad a la declaración del concurso, aunque haya sido con un día de diferencia, corresponde al juez del concurso cualquier acción de impugnación o de calificación, aunque el despido haya sido tramitado y concluido ajeno a dicha declaración.

Resumen de novedades legislativas y jurisprudenciales relativas al sector de la Automoción.

Los protocolos empresariales sobre vacaciones pueden suponer una garantía frente a la actuación discrecional de la empresa cuando concurran solicitudes coincidentes de los trabajadores y esta deba imponer ineludibles criterios organizativos y de coordinación, pues aportan transparencia y objetividad a su decisión.