Javier Vinuesa sobre las SICAVS | El Confidencial

El Tribunal Supremo no permite a la Administración mantener una liquidación tributaria mediante un fundamento jurídico alternativo incluido de forma subsidiaria en el mismo acuerdo de liquidación tras la anulación de la declaración de fraude de ley que la originó. Esta forma de actuar provoca indefensión en el contribuyente al operar como una nueva liquidación sin haber seguido el procedimiento correspondiente.

La Ley 3/2006, de 30 de junio, de Apoyo a la Empresa Familiar, de la Comunidad de Madrid, establece medidas tributarias de apoyo a la empresa familiar. Su objetivo es el de mejorar el régimen estatal de beneficios fiscales aplicables a su transmisión vía sucesión o donación, incrementando el porcentaje de reducción, flexibilizando algunos de sus requisitos y ampliando el perímetro de sus posibles beneficiarios.

En sentencia de 8 de julio del 2026, el Tribunal Supremo matiza la jurisprudencia existente en relación con la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo por la falta de agotamiento de la vía administrativa previa. En esta sentencia, el tribunal especifica que la reprochable inactividad de la Administración no genera indefensión en los casos en que la Administración haya informado detalladamente al contribuyente de los recursos que puede interponer, de tal manera que, siendo así, para el tribunal la falta de agotamiento de la vía económico-administrativa se debe única y exclusivamente a la decisión del contribuyente.

Para el Tribunal Supremo, la expresión «imputar incorrectamente» del artículo 196.1 de la Ley General Tributaria no se limita a los errores en el porcentaje de reparto, sino que también comprende los supuestos en los que la base imponible imputada no coincide con la realmente obtenida por la entidad sometida al régimen de imputación de rentas. No obstante, este criterio no exime de la necesidad de motivar específicamente la concurrencia de culpabilidad.

El Tribunal Supremo dirime en qué ejercicio han de imputarse las cantidades que representan un incremento salarial determinado en una sentencia colectiva, cuando el incumplimiento de tal obligación de pago por parte del empresario deriva en una reclamación de cantidad salarial del trabajador afectado, que finalmente obtiene un pronunciamiento favorable a su pretensión en otro ejercicio impositivo

El TEAC analiza la doctrina del TS relativa a los regímenes opcionales de declaración y a la procedencia de los intereses de demora cuando la regularización administrativa obedece a una discrepancia interpretativa, concluyendo que en el ámbito del ISD dicha doctrina solo es aplicable cuando el contribuyente puede elegir entre declarar y autoliquidar su impuesto

El Tribunal Económico-Administrativo Central reitera su doctrina en orden a considerar que, para que una entidad sin ánimo de lucro pueda acceder a los beneficios fiscales regulados en la Ley 49/2002, ha de ejercitar formalmente la opción de acogerse al mismo, sin que sea suficiente con el cumplimiento de los requisitos sustantivos de acceso al régimen.