La Tesorería revisará de oficio datos de afiliación | ElEconomista

La obligación de propiciar ajustes razonables en el puesto de trabajo para las personas con incapacidad permanente adquiere ahora una relevancia nueva al desaparecer como causa de extinción automática del contrato de trabajo. Porque ahora, salvo voluntad en contra del trabajador, la empresa dispone de tres meses para efectuar dichos ajustes u ofrecer la vacante de un puesto adecuado. Deberá justificar su negativa en la carga excesiva que supone para la empresa enfrentándose de lo contrario, no sólo al incumplimiento legal con las consecuencias debidas, sino al mantenimiento de la relación laboral, también con todas sus consecuencias.

El que no exista un Convenio superior no legitima que un Convenio de empresa establezca la prohibición de que aquél entre a regular su estructura salarial, toda vez que lo característico de las normas jurídicas es su vocación de aplicación a situaciones futuras

Pese a su jubilación, un juez o magistrado deberá participar en la deliberación, votación, redacción y firma de sentencia en aquellos pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado, sin que para ello se necesite nuevo nombramiento por ser parte de la prorrogatio iurisdictionis.

Aunque no pueda ser considerado como movilidad geográfica porque no supone cambio de residencia, el cambio de lugar de trabajo que implica un esfuerzo desproporcionado (una hora y media de desplazamiento) para el trabajador puede ser calificado como modificación sustancial

La expropiación forzosa del local de la empresa no puede ser considerada causa de fuerza mayor para justificar el despido si no ha sido previamente calificada como tal por la autoridad laboral, convirtiendo el despido colectivo «de hecho» en nulo

Con el objetivo de lograr una mayor permanencia en el trabajo, pese a cumplir la edad de jubilación e incluso aunque se acceda a la pensión de jubilación, el legislador busca fórmulas para incentivar la compatibilidad entre jubilación y trabajo. Ahora, la Administración de la Seguridad Social hace públicos unos criterios interpretativos en vísperas de la entrada en vigor de buena parte de estas medidas, prevista para el 1 de abril del 2025.

El Registro Mercantil deniega la inscripción de una escritura de acuerdos sociales de fusión de dos sociedades de responsabilidad limitada en la que tanto la sociedad absorbente como la unipersonal absorbida —íntegramente participada por la absorbente— habían adoptado el acuerdo por unanimidad en junta general universal de cada una de dichas sociedades. Puesto que la absorbida carece de trabajadores y que la fusión no produce efecto alguno sobre el empleo de la absorbente, la Dirección General admite el recurso del notario y avala la inscripción del acuerdo de fusión.

Pese a la experiencia acumulada, sigue surgiendo controversia en la determinación de la naturaleza jurídica de las cantidades pactadas en los procesos de despido relacionados con la prejubilación del trabajador. En este caso, para determinar el plazo de prescripción de la reclamación