Luis López y Víctor Lana analizan el coste temporal de litigar en España | Expansión

Luis López Alonso y Víctor Lana Arceiz, socio y asociado de Procesal y Arbitraje de Gómez-Acebo & Pombo, analizan en Expansión los datos más recientes sobre la Administración de Justicia en España y reflexionan sobre el impacto que los tiempos de resolución judicial tienen para empresas, inversores y operadores económicos.

En su artículo, Luis López y Víctor Lana Arceiz analizan los datos recogidos en la Memoria Anual 2025 del Consejo General del Poder Judicial para reflexionar sobre el impacto que la duración de los procedimientos judiciales tiene sobre la actividad económica y empresarial en España. A partir de los principales indicadores de la jurisdicción civil, los autores examinan la evolución de la litigiosidad, la situación de los juzgados mercantiles y el incremento de la carga de trabajo en la segunda instancia, poniendo el foco en los retos que estos factores plantean para la eficiencia del sistema judicial y la seguridad jurídica.

Entre otros datos, destacan que, aunque durante 2025 los asuntos civiles ingresados disminuyeron un 7,7 % y la tasa de resolución aumentó hasta situarse por encima de la unidad, las audiencias provinciales registraron un incremento del 25,1 % en el ingreso de asuntos civiles, mientras que la pendencia creció un 41,5 %. El análisis también pone de relieve la presión que continúan soportando los juzgados mercantiles, cuya carga de trabajo siguió aumentando durante el último ejercicio.

Asimismo, abordan las consecuencias que los tiempos de resolución pueden tener para empresas, inversores y operadores económicos, para quienes la incertidumbre asociada a los procedimientos se traduce con frecuencia en costes financieros, operativos y de oportunidad. En este contexto, los autores reflexionan sobre la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de la Administración de Justicia y analizan el papel que mecanismos alternativos como el arbitraje pueden desempeñar como vía eficaz para la resolución de controversias mercantiles y societarias.

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