Mafalda Barreto sobre el seguro de Representations & Warranties (R&W) – un facilitador para las transacciones de M&A | Advocatus

El Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina del doble tiro de la Administración, fija este nuevo criterio: tras la anulación total por razones sustantivas de un acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria dictado en aplicación del artículo 43.1b de la Ley General Tributaria, a resultas de la insuficiente actividad probatoria de la Administración, ésta puede, dentro del plazo de prescripción, iniciar un nuevo procedimiento y dictar un segundo acuerdo de declaración de ese mismo presupuesto de responsabilidad frente al mismo sujeto.

La remisión efectuada por el legislador del Impuesto sobre la Renta de No Residentes al artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se efectúa a efectos de cuantificar la renta imputada, pero no para delimitar el hecho imponible.

El efecto de la interrupción de la prescripción se produce con independencia de la existencia de desistimiento por incomparecencia, que sólo implica una renuncia a seguir en el proceso, pero no al ejercicio de la acción que se mantiene viva. Mientras el asunto esté judicialmente pendiente, la acción no está prescrita.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de septiembre.

La Sentencia del TJUE de 1 de agosto de 2025 ha declarado que la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental no exige que los dictámenes de las Administraciones sean recabados antes de la consulta al público interesado, permitiendo que ambas consultas se realicen simultáneamente confirmando, de esta forma, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la normativa española con el Derecho de la Unión.

El Tribunal Supremo determina que no debe rechazarse el carácter laboral del contrato suscrito entre una comunidad de bienes dedicada al arrendamiento de inmuebles y uno de sus comuneros, por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada, pudiendo cumplirse así el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006 para entender que existe actividad económica.

El Gobierno planea una reforma integral de la jubilación compatible con el trabajo por medio de la jubilación «reversible», permitiendo que se reincorporen con más facilidad al mercado de trabajo las personas que ya sean pensionistas de jubilación. Podrán hacerlo si el trabajo es a tiempo parcial, ya por cuenta ajena, ya por cuenta propia, y se aplicará también a los trabajadores autónomos siempre que, en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, el pensionista no hubiera estado dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. La cuantía de la pensión se minorará en proporción con la reducción de la jornada del pensionista.

Correcta doctrina del Tribunal Supremo, que repudia la aplicación analógica del artículo 1198 I del Código Civil.

El Tribunal Supremo aborda un caso en el que se ejercitó la acción social de responsabilidad contra los dos administradores de la sociedad (y únicos socios de ella en el momento en que se produjeron los hechos) por una gestión dolosa y gravemente negligente que provocó, finalmente, la imposición de una sanción tributaria a la compañía