Mariana Díaz-Moro sobre el fallo del TC acerca de la plusvalía municipal | El Confidencial

El TGUE ha determinado que la transmisión a título gratuito, por mitades, de una empresa a dos personas físicas que tienen la intención de efectuar inmediatamente una aportación en especie de lo recibido a una sociedad que ejerce una actividad económica, de la que son socias, no constituye transmisión de una universalidad total o parcial de bienes en el sentido del artículo 19 de la Directiva del IVA.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde al Tribunal Supremo que la aplicación a las regulated investment companies estadounidenses de una tributación más gravosa que la aplicable a las instituciones de inversión colectiva residentes constituye una restricción a la libre circulación de capitales. Aunque tal restricción puede quedar neutralizada mediante el convenio para evitar la doble imposición aplicable, dicha neutralización no ha de ser una posibilidad meramente teórica, sino que debe materializarse de forma íntegra y efectiva, también respecto a los partícipes del fondo.

La Audiencia Nacional ha resuelto un recurso de apelación en el que solventa la controversia consistente en determinar si la Administración tributaria había identificado correctamente el objeto de la solicitud de revisión planteada por el contribuyente. A la luz de la solicitud presentada por el contribuyente, así como de la documentación obrante en el expediente administrativo, se constata que existían actuaciones y actos distintos de los examinados por la Administración tributaria. Lo anterior implicó que la resolución fuese declarada nula por incurrir en una defectuosa delimitación del objeto de revisión al no concurrir la suficiente correspondencia entre la pretensión del contribuyente y la respuesta que se le dio.

La nueva actividad laboral del contribuyente acogido al régimen de impatriados, consistente en el desarrollo de un trabajo a distancia desde su domicilio particular en España para una empresa extranjera, no constituye causa de exclusión del régimen especial, siempre que las asistencias presenciales a la empresa empleadora o a los clientes tengan carácter aislado respecto al tiempo total de prestación de servicios y vengan exigidas por el desarrollo del trabajo a distancia.

La Dirección General de Tributos analiza cómo debe calcularse la renta que puede beneficiarse de la exención recogida en el artículo 7.p de la Ley 35/2006, cuando los trabajadores reciben un bonus vinculado al ejercicio económico de la empresa que abarca dos años naturales, siendo en el segundo de ellos cuando se les imputa el rendimiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el incumplimiento de la obligación de plantear cuestión prejudicial por un órgano jurisdiccional de última instancia puede ser relevante para determinar la responsabilidad del Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión, pero no basta por sí solo para obtener una indemnización si no viene acompañada de la vulneración de una norma europea destinada a conferir derechos a los particulares y existe una relación de causalidad directa entre esa infracción y los daños cuya reparación se solicita.

La Dirección General de Tributos aclara cómo debe tributar un trabajador que recibe acciones gratuitamente en el marco de un plan Restricted Stock Units cuyas condiciones establecen el mecanismo sell-to-cover, de acuerdo con el cual, en el momento de la entrega efectiva de las acciones, se produce de forma obligatoria y automática la venta de un porcentaje de ellas para afrontar el ingreso a cuenta que corresponde a la retribución en especie.

El Tribunal Supremo, sobre la base del principio de seguridad jurídica, establece que en los supuestos de regularización tributaria por simulación socio/administrador/sociedad, la prescripción de uno de los impuestos que se hayan de regularizar (en este caso, el impuesto sobre la renta de las personas físicas) no enerva la obligación de la Administración de ser coherente y de regularizar íntegramente la situación en el ámbito del impuesto sobre sociedades.

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo delimita los requisitos para que la documentación obtenida durante un registro domiciliario autorizado judicialmente y referida a ejercicios fiscales distintos de los inicialmente investigados pueda considerarse lícitamente obtenida al amparo de la doctrina del hallazgo casual.