Mariana Díaz-Moro sobre el fallo del TC acerca de la plusvalía municipal | El Confidencial

La Sentencia del Tribunal Supremo 764/2026, de 18 de junio, analiza la relación entre los regímenes de sucesión y responsabilidad tributaria cuando la deudora principal es una sociedad disuelta y liquidada. El alto tribunal fija una doctrina con importantes consecuencias para la práctica recaudatoria y concluye que las deudas tributarias se transmiten por ley a los socios y que la Administración debe continuar previamente el procedimiento recaudatorio frente a ellos antes de derivar la responsabilidad subsidiaria al administrador.

La Dirección General de Tributos, en el contexto de una operación por la que una entidad en disolución traspasa sus trabajadores a otra de nueva creación, satisfaciendo a ésta un importe igual al coste del futuro despido de aquéllos, analiza si puede considerarse que existe una prestación de servicios sujeta al impuesto sobre el valor añadido; si son deducibles la cuotas soportadas; y si el importe abonado puede calificarse como gasto como fiscalmente deducible a efectos del impuesto sobre sociedades.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo del 2026 (rec. 1253/2024) establece doctrina y determina que el principio de correlación entre ingresos y gastos permite deducir los gastos derivados de un activo patrimonial cuya explotación genere ingresos integrados en la base imponible del impuesto sobre sociedades, aunque no tengan relación con el con el objeto social o actividad principal de la sociedad.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza si cabe sancionar a un obligado tributario por entender que concurre simulación cuando la Administración considera incumplidos los requisitos de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La circunstancia calificadora de la infracción tributaria de utilización de medios fraudulentos prevista en el artículo 184.3c de la Ley General Tributaria sólo se aplicará cuando, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, la Administración motive adecuadamente que la utilización de la sociedad interpuesta se ha hecho con la finalidad de ocultar la verdadera identidad del socio profesional persona física para impedir u obstaculizar la actuación administrativa.

El Tribunal Supremo determina que cuando una sociedad realiza una actividad económica a efectos del impuesto sobre el valor añadido que genere la obligación de repercutir el impuesto, el hecho de que tal actividad no forme parte del objeto social de la sociedad no impide a esta deducir las cuotas soportadas derivadas de la titularidad de los elementos patrimoniales afectos a tal actividad.

El centro directivo confirma que el reparto de dividendos destinado a la cancelación de un crédito intragrupo previamente concedido no impide la aplicación de la exención por doble imposición del artículo 21 de la Ley del impuesto sobre sociedades.

El TEAC determina que no cabe transmitir a los herederos de una persona física ni las sanciones impuestas a su causante en calidad de infractor, ni tampoco las liquidaciones incluidas en el alcance de un acuerdo de responsabilidad tributaria dictado al amparo del artículo 43.1 a) de la Ley General Tributaria, independientemente de que tal acuerdo se haya notificado antes o después del fallecimiento del declarado responsable.

En sentencia de 2 de junio del 2026, el Tribunal Supremo analiza los términos del recurso de casación frente a los autos dictados en ejecución de sentencia y concluye que, en el caso en cuestión, la Administración fue más allá de lo que el fallo habilitaba expresamente, habida cuenta de que éste había anulado la ponencia de valores y el valor catastral notificado acordando la retroacción, pero guardaba silencio acerca de la retroactividad. El tribunal determina que el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 regula una potestad administrativa que es en todo caso inidónea para apartarse del fallo judicial. Y, en cuanto al fondo de la pretendida retroactividad, determina que dicho precepto es una norma general que no puede prevalecer frente a la específica normativa tributaria y catastral que impone la irretroactividad de los valores catastrales notificados.