Quiénes son los abogados que asesoran a los más ricos de España | Expansión

Al establecer y aplicar un programa institucionalizado de adquisición de la nacionalidad basado en la realización de pagos o de inversiones predeterminados, la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le imponen los artículos 20 TFUE, que crea la ciudadanía de la Unión, y 4. 3 TUE, sobre cooperación leal entre la UE y los Estados miembros.

Una reciente sentencia sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley del Contrato de Seguro

Se dilucidan algunos extremos relativos a la condición de miembro de la clase o clases de acreedores garantizados en el libro II del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de mayo.

Un problema que parecía resuelto en las relaciones representativas entre personas físicas, pero que todavía no se ha testado con las sociedades mercantiles.

Se condena a la empresa por daño moral al compartir datos relativos a la vida privada de una empleada derivados de una demanda interpuesta contra la empresa. Estos datos se publican en una carpeta digital que, ante la ausencia de las debidas medidas de seguridad, son accesibles por terceros.

El Tribunal de Justicia avala que las autoridades nacionales denieguen los beneficios de la Directiva Matriz-Filial cuando una estructura carece de realidad económica, aun cuando no sea una entidad instrumental, siempre que concurran los elementos constitutivos de una práctica abusiva. No obstante, la calificación de la estructura como un arreglo falseado debe descansar sobre una evaluación global de todos los hechos y circunstancias pertinentes, incluidas las justificaciones comerciales y actividades genuinas previas. La existencia de un arreglo falseado no basta para concluir la obtención una ventaja fiscal contraria a la directiva.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia ha determinado que para calcular el valor de adquisición de los inmuebles que se transmiten tras haber estado arrendados, la cantidad que habrá de minorarse de tal valor en concepto de amortización mínima —siguiendo el tenor literal del artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas— es la que resulta de la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades.