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Este documento expone algunas de las medidas relativas al sector de los hidrocarburos y al de la energía eléctrica contenidas en el Real Decreto Ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, cuyo objetivo prioritario es evitar el incremento desproporcionado de los precios de la energía (hidrocarburos, gas y energía eléctrica) y garantizar el suministro ante la llegada del invierno.

La business judgement rule es, evidentemente, aplicable a las cooperativas, pero no se necesita una aplicación analógica del artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital.

Publicada la Resolución de 25 de agosto de 2026, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2026, por el que se declaran instalaciones energéticas estratégicas los proyectos de generación de procedencia renovable y almacenamiento energético que sean adjudicatarios de los procedimientos para la concesión de capacidad de acceso de evacuación en nudos de transición justa (BOE de 7.9.2026).

La creación del mercado de capacidad permitirá asegurar la disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico peninsular, remunerando a los proveedores por su compromiso de estar disponibles en situaciones de estrés del sistema, garantizando así la seguridad de suministro

La obtención de permisos de conexión y acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica por los centros de datos queda condicionada a la acreditación del cumplimiento de los nuevos requisitos asociados a la resiliencia y soberanía digital, a la eficiencia energética e hídrica y a los relativos al uso de energías renovables y a la correlación horaria.

A partir del 5 de junio de 2026 es ya directamente aplicable en los Estados miembros la reforma del régimen europeo de folletos producida por la Listing Act y sus disposiciones de desarrollo.

El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

El nuevo Real Decreto 611/2026 transpone al ordenamiento español diversas directivas de la Unión Europea recientemente modificadas, con el propósito de avanzar en la descarbonización y dar cumplimiento a los objetivos climáticos aplicables al sector del transporte. Fija unos nuevos objetivos de uso de combustibles menos contaminantes y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España del 2027 al 2040.