Real Decreto Sobre Inversiones Exteriores, ¿Dará al traste con las grandes operaciones del año? | Capital & Corporate

La variación del número de consejeros por acuerdo de la junta general —de cinco a tres consejeros— cuando los estatutos permiten un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros, no constituye una modificación del modo de organizar la administración social ni exige modificar los estatutos.

Ello es así con independencia de que el banco haya prestado o no un servicio de asesoramiento al cliente

¿Es oponible el pacto al adquirente que pretende el cobro de las nuevas rentas?. La respuesta es indiferenciada, pero en último extremo el arrendatario no se marchará sin compensación por las mejoras.

El Reglamento delegado (UE) 2026/789, de 8 de abril, desarrolla el Reglamento de abuso de mercado en lo que respecta a la divulgación de información privilegiada en los procesos prolongados y al retraso en la divulgación. Recoge en su anexo I los supuestos y el momento en el que ha de divulgarse esta información privilegiada, y los anexos II y III enumeran, bajo el régimen general, las situaciones en las que el emisor ya no puede retrasar bajo su responsabilidad la difusión de información privilegiada (art. 17.4 del Reglamento de abuso de mercado).

Los correos enviados por la empresa a la plantilla durante un proceso de negociación no constituyen por sí solos injerencia antisindical ni presión ilegítima, toda vez que quedan enmarcados dentro de la libertad de expresión empresarial y en la legítima defensa de los intereses empresariales.

Como continuación de Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado mediante Real Decreto-ley 7/2026, este Real Decreto-ley 18/2026 incluye medidas energéticas de calado para el sector eléctrico.

Resumen de novedades legislativas y jurisprudenciales relativas al sector de la Automoción.

El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la evaluación y futura revisión de las Directivas de contratación pública de 2014 formula un conjunto de recomendaciones que anticipan con precisión los desafíos jurídicos, económicos y administrativos que deberá afrontar la reforma prevista para 2026, poniendo de manifiesto una circunstancia de gran relevancia: los entes locales y regionales gestionan aproximadamente el 45 % del gasto contractual de la Unión Europea.