Real Decreto Sobre Inversiones Exteriores, ¿Dará al traste con las grandes operaciones del año? | Capital & Corporate

Una reflexión sobre cómo la singularidad del know how puede hacer ineficientes los contratos de franquicia

Es una pena que se lleve el recurso por infracción procesal, porque queda en la sombra una de las cuestiones MÁS DIFICILES relativa a la solidaridad y la transacción.

En su Sentencia 493/2025, de 25 de marzo, el Tribunal Supremo repasa los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un seguro múltiple y, por tanto, para que resulte aplicable el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro.

Interpretación reductora, pero razonable, del artículo 650.1 TRLCon

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

La Dirección General confirma que la obligación de las sociedades participantes en una modificación estructural de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere únicamente a las obligaciones de carácter estatal, no siendo necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter autonómico y local.

Boletín trimestral elaborado por el Área Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo que incluye trabajos de análisis, comentarios de jurisprudencia y notas o reseñas sobre práctica societaria en materias de interés para nuestros clientes.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del 2025 aborda el alcance de las modificaciones contractuales en concesiones públicas adjudicadas originalmente a entidades in house que, con el tiempo, habían perdido esa condición. La cuestión prejudicial se planteó en un litigio sobre la ampliación de contratos de concesión de servicios auxiliares en autopistas para incluir la construcción y explotación de infraestructuras de recarga eléctrica.

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde 2014. Su verdadera novedad es la imposición a determinadas empresas y entidades públicas de la obligación de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación. La escueta regulación del real decreto suscita algunas dudas interpretativas.