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Real Decreto Sobre Inversiones Exteriores, ¿Dará al traste con las grandes operaciones del año? | Capital & Corporate
El pasado 1 de septiembre entró en vigor el real decreto que modifica la regulación de inversiones extranjeras en España, Real Decreto 571/2023. ¿En qué consiste, cuáles son los principales puntos de esta nueva legislación y a qué tipo de operaciones afecta la normativa?
Alexander Kolb, socio de mercantil, y Juan Ignacio Romero, of counsel de Público y Regulatorio, comparten su punto de vista en este artículo publicado por Capital & Corporate.
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Alexander Kolb, socio de mercantil, y Juan Ignacio Romero, of counsel de Público y Regulatorio, comparten su punto de vista en este artículo publicado por Capital & Corporate.
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Abogado mencionado
Juan Ignacio Romero – Counsel
Tipología
Entrevista
Contacto para prensa
Más información sobre
Gómez-Acebo & Pombo
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Los administradores responden de las deudas sociales posteriores a la causa de disolución, aunque las desconozcan
La remoción tardía de la causa de disolución no libera a los administradores de responder de las obligaciones sociales nacidas antes, aunque desconocieran su existencia (art. 367 LSC).
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El pagaré de empresa es un producto financiero no complejo
Importante, porque en este caso la entidad vendedora está exenta de determinados deberes de información al inversor
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Registro mercantil y protección de datos: La lucha contra el fraude no justifica que un Estado miembro obligue a la publicidad indiscriminada de la identidad de los socios de una sociedad mercantil
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La regla de la discrecionalidad empresarial o business judgment rule en la compra de productos financieros finalmente fallidos por el órgano rector de la cooperativa
La business judgement rule es, evidentemente, aplicable a las cooperativas, pero no se necesita una aplicación analógica del artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital.
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Contratación pública N.º 193
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Sujeción al convenio concursal de la parte de un crédito privilegiado especial no satisfecha mediante la ejecución de la garantía
El Tribunal Supremo (STS 1013/2026, de 24 de junio) ha considerado que la parte de un crédito privilegiado especial que no ha podido ser satisfecha con la realización del bien o derecho afecto queda sometida, si es clasificada como crédito ordinario, a la quita que se hubiera pactado en un convenio ya cumplido íntegramente.