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Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

El protocolo, acordado conjuntamente por los Tribunales de Barcelona y Alicante, prevé una tramitación prioritaria de las solicitudes de diligencias preliminares y de comprobación de hechos, así como de las solicitudes de medidas cautelares —con o sin audiencia— en materias de patentes e innovaciones tecnológicas, diseños industriales, marcas y derechos de autor, además de defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad ilícita, cuando se refieran a productos o actividades de presentación, exhibición, promoción, ofrecimiento o venta vinculadas al MWC 2026.

El Tribunal Supremo sostiene que el mero conocimiento de que la prescripción se ha interrumpido frente a otro eventual codeudor solidario equivale a interrupción. Esta doctrina no estará justificada en la mayoría de los casos.

En un contrato de seguro de responsabilidad civil, cuando se produce el siniestro, el asegurado puede ejercitar contra su compañía de seguros la acción contractual que surge de la suscripción de la póliza, sin tener que esperar a la reclamación del tercero perjudicado

El artículo 6.1 del Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (RRI), no se aplica a un contrato celebrado entre un consumidor y un banco cuando los requisitos establecidos en dicha disposición no se cumplían en la fecha de celebración de ese contrato, pero sí posteriormente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la delimitación de la competencia territorial para conocer de unos daños resultantes de la infracción de normas de defensa de la competencia reclamados por dos fundaciones neerlandesas defensoras de intereses colectivos.

Cuando la petición de restitutio in integrum guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento también operan los dos plazos recogidos en el artículo 53 de la ley de patentes, que corren paralelos y la solicitud debe hacerse dentro del plazo que primero expire: un plazo de dos meses contados a partir del cese del impedimento; y otro plazo de doce meses contados a partir de la fecha de expiración del periodo de seis meses de pago con recargos.

Se expone la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el presupuesto del agotamiento de la vía judicial cuando se invoca la vulneración del derecho al juez imparcial

La jurisprudencia considera que el artículo 1524 del Código Civil establece una presunción iuris et de iure de conocimiento de la venta y de sus condiciones por el retrayente desde la fecha de la inscripción, por lo que el plazo se contará desde el día siguiente a realizarse tal inscripción en el Registro de la Propiedad