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El artículo 25, 1, del Reglamento se aplica con independencia del domicilio de las partes. En el caso, el TJUE aclara que dicho artículo comprende las situaciones en las que dos partes domiciliadas en el Reino Unido pactaron la competencia de los tribunales austriacos antes del fin del período transitorio del Brexit (sin que este momento sea un requisito de aplicación)

La fecha a tener en cuenta como dies a quo del cómputo del plazo es la denominada «fecha/hora de envío» que aparece en la carátula del mensaje generado por LexNET

Se da noticia de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 1342/2025, de 30 de septiembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:4213)

La cesionaria de un crédito puede ejercer la acción frente al deudor cedido en el lugar en el que este hubiera debido cumplir la obligación que sirve de base a la demanda. En el caso en que esta se basara en un contrato de prestación de servicios, dicho lugar es el de la prestación del servicio, de acuerdo con el artículo 7, 1, b) del Reglamento Bruselas I bis.

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

El interés legítimo como fundamento de la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad está reconocido en la Constitución, que impone a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales

El auge de las plataformas de intermediación se extiende también al sector de los medicamentos, existiendo distintas plataformas creadas para intermediar entre las farmacias que los dispensan y los clientes que los adquieren. Sucede, no obstante, que en este campo existen restricciones normativas cuya interpretación y aplicación genera frecuentes disputas ante los tribunales de justicia. El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) acaba de dictar dos sentencias al respecto. Se trata de la sentencia núm. 1000/2025, de 16 de julio (ECLI: ES:TS:2025:3516), y de la Sentencia núm. 961/2025, de 14 de julio (ECLI:ES:TS:2025:3554).

El foro de protección previsto en el artículo 13.2 del Reglamento 1215/2012 no puede ser alegado cuando quien ejerce la acción directa es una compañía de seguros, que, en consecuencia, no se encuentra en posición de desequilibrio frente al demandado

El Tribunal Supremo considera que el recurso de casación contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en los recursos contra las resoluciones que agotan la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene una naturaleza y una funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.