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El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

La interposición de la demanda produce el efecto de interrumpir la prescripción de la acción cuando ha sido ya comunicada a la parte demandada, de modo que ésta conocía la reclamación. En consecuencia, carecerá de tal eficacia en los casos de inadmisión o de desistimiento unilateral (anterior al emplazamiento del demandado).

Aunque es discutible, la facultad de suspensión prevista en el artículo VI del Convenio de Nueva York corresponde al órgano judicial de la ejecución, no al de reconocimiento, entre otras razones porque así parece desprenderse del tenor literal de dicho precepto.

La obligación de motivar el laudo no constituye un principio procesal tan fundamental que impida la admisibilidad de su renuncia en los procedimientos de arbitraje voluntario, siempre que la misma sea libre, legalmente válida e inequívoca y la normativa aplicable contemple garantías procesales que permitan oponerse a cualquier incumplimiento y solicitar la declaración de nulidad o la anulación del laudo.

La ley que presenta los vínculos más estrechos puede aplicarse con preferencia frente a la escogida en un contrato de trabajo, pero, en ocasiones, puede haberse escogido, precisamente, la ley más estrechamente vinculada.

Incumbe exclusivamente al órgano correspondiente del Estado de origen controlar la exactitud de las apreciaciones de hecho o de derecho en que se basó la certificación de un título ejecutivo (en el caso, un documento público) como título ejecutivo europeo y, en su caso, revocar el certificado expedido indebidamente. En consecuencia, no es posible su revisión por un órgano jurisdiccional del Estado en que se insta la ejecución, aunque está facultado para ordenar la suspensión o la limitación de la ejecución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.