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La Decisión T 0941/24 de la Oficina Europea de Patentes aclara el alcance de la exclusión de patentabilidad de los métodos quirúrgicos prevista en el artículo 53c del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. Según esta resolución, una reivindicación no queda excluida por el mero hecho de que el método pueda utilizarse en cirugía, sino únicamente cuando comprenda, de forma expresa o implícita, una etapa constitutiva de un tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal.

El Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 2026 sustituye la demanda de amparo por un formulario electrónico con campos acotados y una extensión máxima de 50.000 caracteres, lo que resulta cuestionable al limitar el derecho del recurrente a fundar adecuadamente su pretensión en la fase decisiva de la admisión del recurso.

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/2026 resuelve un caso de reclamación de daños por actos de competencia desleal con afectación del interés público (art. 7 de la LDC de 1989, actual art. 3 de la Ley de Defensa de la Competencia). El Tribunal Supremo delimita claramente que estos actos no constituyen ilícitos antitrust stricto sensu (arts. 1 y 2 LDC), sino actos de competencia desleal sometidos al régimen de la Ley de Competencia Desleal. Consecuentemente, no resulta aplicable el régimen favorable de la Directiva de Daños ni el título VI de la Ley de Defensa de la Competencia, quedando excluidos de la prescripción de cinco años.

La decisión G 1/24 confirmó que la descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance de esa doctrina cuando se examina la prohibición de adición de materia del artículo 123.2 CPE. La decisión interlocutoria T 873/24 pone de manifiesto la existencia de criterios divergentes y plantea a la Alta Cámara de Recurso cuestiones fundamentales sobre el papel de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones modificadas.

El Tribunal de Justicia delimita el alcance de las excepciones al principio de control en origen de los servicios de la sociedad de la información basadas en razones de orden público, protección de menores y seguridad pública, precisando la diferencia entre las prohibiciones generales y las medidas individualizadas dirigidas a prestadores concretos. Asimismo, aporta importantes criterios sobre la responsabilidad de las plataformas digitales al considerar que el control ejercido mediante algoritmos puede excluir la aplicación de la exención de responsabilidad prevista para los servicios de alojamiento de datos.

Desafiar e executar sentenças arbitrais em Portugal – Guia GAR Know-How

Para que la prueba pueda ser considerada por el Tribunal Constitucional no solo tienen que concretarse los hechos que deben ser objeto de la actividad probatoria y los medios de prueba que se proponen, sino que debe fundamentarse también su necesidad y relevancia.