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Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de septiembre.

La Sentencia del TJUE de 1 de agosto de 2025 ha declarado que la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental no exige que los dictámenes de las Administraciones sean recabados antes de la consulta al público interesado, permitiendo que ambas consultas se realicen simultáneamente confirmando, de esta forma, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la normativa española con el Derecho de la Unión.

El Tribunal Supremo determina que no debe rechazarse el carácter laboral del contrato suscrito entre una comunidad de bienes dedicada al arrendamiento de inmuebles y uno de sus comuneros, por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada, pudiendo cumplirse así el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006 para entender que existe actividad económica.

El Gobierno planea una reforma integral de la jubilación compatible con el trabajo por medio de la jubilación «reversible», permitiendo que se reincorporen con más facilidad al mercado de trabajo las personas que ya sean pensionistas de jubilación. Podrán hacerlo si el trabajo es a tiempo parcial, ya por cuenta ajena, ya por cuenta propia, y se aplicará también a los trabajadores autónomos siempre que, en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, el pensionista no hubiera estado dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. La cuantía de la pensión se minorará en proporción con la reducción de la jornada del pensionista.

Correcta doctrina del Tribunal Supremo, que repudia la aplicación analógica del artículo 1198 I del Código Civil.

El Tribunal Supremo aborda un caso en el que se ejercitó la acción social de responsabilidad contra los dos administradores de la sociedad (y únicos socios de ella en el momento en que se produjeron los hechos) por una gestión dolosa y gravemente negligente que provocó, finalmente, la imposición de una sanción tributaria a la compañía

La anticresis puede ser un medio de garantía impropia muy interesante, pero antes hay que saber qué significa.

Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil se ha abierto la posibilidad de practicar anotaciones registrales siempre que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución

En su opinión consultiva de 23 de julio del 2025, la Corte Internacional de Justicia ha definido las obligaciones jurídicas de los Estados frente al cambio climático. Éstas se derivan de tratados internacionales, del derecho consuetudinario y de los derechos humanos. La corte afirma que la inacción estatal puede generar responsabilidad internacional, incluso por omisión. Aunque no es vinculante, la opinión fortalece la base jurídica de los litigios climáticos.