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El Tribunal Supremo analiza si la ganancia patrimonial generada por una herencia yacente debe imputarse en todo caso a sus partícipes en su impuesto sobre la renta, aunque los herederos designados estén sujetos a término y éste aún no se haya alcanzado. Además, dirime si dicha imputación podría traducirse en una doble imposición si tal ganancia resultase gravada en el impuesto sucesorio como mayor base imponible cuando se cumpla el término señalado en el testamento.

La preferencia de la persona en excedencia voluntaria ha de analizarse, en cada supuesto, según el procedimiento empleado para cubrir vacantes tras su solicitud de reingreso, prevaleciendo este derecho cuando la empresa manifiesta necesidades estructurales con contratos temporales en masa.

La variación del número de consejeros por acuerdo de la junta general —de cinco a tres consejeros— cuando los estatutos permiten un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros, no constituye una modificación del modo de organizar la administración social ni exige modificar los estatutos.

Se vulnera la intimidad de los trabajadores con una medida de control empresarial, como es la inspección visual de los bolsos de los trabajadores, que no se encuentra justificada en una situación de hecho previa alguna y que puede ser paliada con medidas menos invasivas.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la exigencia de que el recurso de anulación sea resuelto por el mismo órgano —en lo que a su forma de funcionamiento se refiere— que dictó la resolución impugnada, y reconoce que las comunicaciones de pago de devolución que alteran la cantidad que el contribuyente tiene derecho a percibir no son un mero acto de trámite, sino un acto administrativo susceptible de impugnación.

Ello es así con independencia de que el banco haya prestado o no un servicio de asesoramiento al cliente

¿Es oponible el pacto al adquirente que pretende el cobro de las nuevas rentas?. La respuesta es indiferenciada, pero en último extremo el arrendatario no se marchará sin compensación por las mejoras.

Incumbe exclusivamente al órgano correspondiente del Estado de origen controlar la exactitud de las apreciaciones de hecho o de derecho en que se basó la certificación de un título ejecutivo (en el caso, un documento público) como título ejecutivo europeo y, en su caso, revocar el certificado expedido indebidamente. En consecuencia, no es posible su revisión por un órgano jurisdiccional del Estado en que se insta la ejecución, aunque está facultado para ordenar la suspensión o la limitación de la ejecución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.