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Para que exista complejidad de la cuestión planteada por el demandado es necesario que sea objetiva, en cuanto nacida del mismo título que invoque la demandante, y además que determine o bien que no pueda calificarse de arrendamiento la relación jurídica existente entre las partes, o bien que lo convierta en un arrendamiento complejo

Aunque la sociedad cumpla las formalidades exigidas, deberá disponer de una infraestructura material directamente relacionada con su objeto social y de una organización de carácter personal mínimamente adecuada y suficiente para cumplir con aquél.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 1 de agosto del 2025, asunto C-665/23, considera que el ordenante se ve privado del derecho a la devolución del importe de una operación de pago no autorizada cuando ha tardado en notificar a su proveedor de servicios de pago dicha operación, aunque lo haya hecho en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo. Esta interpretación de la Directiva de servicios de pago es aplicable en España (art. 43 RDL 19/2018) y parece mantenerse en el futuro Reglamento de Servicios de Pago.

La Dirección General de Tributos dirime si la formalización en escritura pública de la liberación de un codeudor original de un préstamo hipotecario en la disolución de un condominio, está sujeta a la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, en ese caso, quién tiene la condición de sujeto pasivo

Una vez más el Tribunal Supremo se aparta del tópico de que las condenas a cantidad distinta de la reclamada no generan intereses de demora

El Gobierno plantea una nueva reforma de los planes de pensiones, en parte para homologar su regulación con la del resto de los Estados miembros y, por otro lado, para corregir la merma que se ha producido en la contribución a los planes individuales tras la reducción de su deducción fiscal. La reforma propone incrementar el límite de aportaciones a los planes de pensiones, ya individuales, ya de empleo, pero, en principio, no prevé un incremento paralelo en la deducción fiscal, lo que reduce considerablemente el atractivo de la propuesta.

El Tribunal Central determina que la norma reguladora del plazo para el ejercicio de la potestad sancionadora del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria —como también las disposiciones reguladoras de la prescripción y extinción de la responsabilidad sancionadora— no sólo es de naturaleza procedimental, sino también sustantiva, por lo que deberá aplicarse en cada caso la redacción de la norma que se encuentre vigente en el momento de cometerse las infracciones. En dicha materia sustantiva no cabe —señala el Tribunal— la aplicación retroactiva de modificaciones legislativas de naturaleza agravatoria.

Por primera vez en el Tribunal Supremo: los derechos de adquisición en el concurso.