Custodia compartida e IRPF: el Tribunal Supremo avala la compatibilidad y aplicación sucesiva del mínimo por descendientes y del régimen de anualidades por alimentos

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23 de septiembre de 2026 (rec. núm. 2595/2025) —cuyo criterio se ha reiterado en las Sentencias de 30 de septiembre (rec. núm. 7881/2024), 1 de octubre (rec. núm. 101/2025) y 6 de octubre (recs. núm. 1750/2025 y 385/2025), todas ellas de 2026—, analiza si, tras la modificación operada en el artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley 26/2014, resulta posible, en supuestos de custodia compartida, aplicar en el mismo período impositivo tanto el mínimo por descendientes del artículo 58 de la Ley 35/2006 como el régimen previsto en los artículos 64 y 75 de dicha norma para las anualidades por alimentos en favor de los hijos fijadas por decisión judicial.

La controversia surge porque el artículo 64 de la Ley 35/2006, en su redacción anterior, establecía que los contribuyentes que satisfacían anualidades por alimentos a sus hijos por resolución judicial podían beneficiarse de una tributación separada de dichas anualidades, aplicando la escala del impuesto de forma independiente y disfrutando, además, de un incremento del mínimo personal y familiar. De ese modo, la reducción establecida en tal precepto se aplicaba a todos los contribuyentes que pagaban anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial —tal y como reconoció el Tribunal Económico-Administrativo Central, por ejemplo, en su Resolución de 11 de septiembre de 2014 (RG 3654/2014), en contra del criterio que había mantenido la Dirección General de Tributos—.

Sin embargo, en su redacción actual, el artículo 64 incorpora un inciso según el cual dicho beneficio será aplicable por los contribuyentes «sin derecho a la aplicación (…) del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley».

En esos términos, el núcleo de la controversia consiste en determinar si la aplicación del régimen especial para las anualidades por alimentos satisfechas a los hijos por decisión judicial, limitada a los contribuyentes «sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes», excluye la posibilidad de aplicar dicho beneficio fiscal no solo a los progenitores que aplican la totalidad del mínimo por descendientes, sino también a aquellos que, con custodia compartida, aplican el 50 % de su importe de conformidad con lo establecido en el artículo 61.1.ª de la Ley 35/2006; o si, por el contrario, existe en este supuesto una laguna legal, como entiende la sentencia impugnada, que ha de ser cubierta admitiendo la compatibilidad de ambos beneficios en los citados casos de custodia compartida.

Pues bien, el Alto Tribunal respalda el criterio de la sentencia de instancia —alejándose, por tanto, del defendido por la Administración recurrente— con base en los siguientes argumentos.

En primer lugar, y tras reconocer que la redacción empleada por el legislador adolece de falta de claridad, el tribunal señala que el análisis de la cuestión ha de partir de la interpretación conjunta de los artículos 58 y 61 de la Ley 35/2006, de los que se desprende que el mínimo por descendientes puede aplicarse por ambos progenitores cuando el descendiente conviva con cada uno de ellos durante el tiempo que fije la sentencia judicial o el convenio regulador, en cuyo caso su importe se prorrateará entre ambos.

De este prorrateo —sobre cuya base se cuantifica el importe del mínimo por descendientes que cada progenitor puede aplicar—, ha de partir, según el tribunal, el análisis de la controversia suscitada. Y ello porque no cabe entender que el artículo 64 se remita únicamente al artículo 58 de la Ley del impuesto, de manera que bajo la expresión «sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes» haya de entenderse comprendido todo progenitor que tenga derecho a la aplicación de este mínimo, con independencia de cómo se haya determinado su importe conforme a las reglas del artículo 61 de la Ley 35/2006.

Así entendida, la expresión añadida al artículo 64 de la Ley 35/2006 ha de entenderse referida a ambos preceptos (arts. 58 y 61 de la Ley del impuesto), lo que permite aplicar el beneficio previsto para los pagadores de anualidades por alimentos a favor de los hijos en casos de custodia compartida, calculado en función del período en el que no existe convivencia efectiva del progenitor con el hijo, del mismo modo que existe el derecho a aplicar una parte del mínimo por descendientes determinada en función del tiempo de convivencia del progenitor con su hijo.

Tal compatibilidad en el mismo período impositivo para los casos de custodia compartida obedece, apunta el tribunal, a la interpretación de las normas aplicables conforme a los criterios hermenéuticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, entre los que se encuentran la interpretación lógica y finalista de las normas fiscales y la interpretación conforme a la Constitución. En ese contexto, añade, la interpretación de estas normas ha de hacerse en el ámbito del tratamiento fiscal de la familia y a la luz del amparo que el artículo 39.1 de la Constitución dispensa a esta, que comprende su protección económica en todas aquellas situaciones en las que se ha producido una ruptura familiar, incluidas aquellas en las que entra en juego la custodia compartida, institución que, a juicio del tribunal, debería contar con un tratamiento propio y desprovisto de interpretaciones interesadas.

En definitiva, concluye el tribunal, el hecho de que en situaciones de custodia compartida ambos progenitores puedan prorratear el mínimo por descendientes no elimina la posibilidad de aplicar el régimen del artículo 64 de la Ley 35/2006 al progenitor obligado a abonar una pensión alimenticia. Así, del mismo modo que la aplicación del artículo 58 de la ley (mínimo por descendientes) se corresponde con la parte del período impositivo en que el progenitor convive con su hijo, la aplicación del artículo 64 (reducción de la base liquidable) se corresponde con la parte del tiempo en que no existe convivencia efectiva entre ambos, de manera que los dos regímenes no se solapan, ya que su aplicación es sucesiva y no simultánea.

Defender lo contrario, concluye el Tribunal Supremo, provocaría una desigualdad de trato entre situaciones jurídicas esencialmente equivalentes, además de otras consecuencias inadmisibles desde la óptica de la igualdad contributiva y de la protección a la familia.

No obstante, el fallo comentado cuenta con el voto particular de dos magistrados, cuyos argumentos en favor de la incompatibilidad de ambos beneficios fiscales en el mismo ejercicio se basan, fundamentalmente, en la literalidad de la norma y en su tramitación parlamentaria, en la que —señalan— incluso quienes presentaron enmiendas a la modificación del artículo 64 de la Ley del impuesto proponían un derecho de opción entre ambos beneficios fiscales, de forma que el obligado tributario eligiese el que le resultase más favorable, lo que indicaba que se descartaba su aplicación simultánea.