La Ley de servicios de pago

El BOE de 14 de noviembre de 2009 ha publicado la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, por medio de la que se lleva a cabo la incorporación al Derecho español de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior. La técnica empleada en la elaboración de la Ley no ha sido otra que la de reproducir prácticamente en su totalidad la Directiva, sin más alteraciones que la incorporación de un último apartado al texto del artículo 23, por lo que su desarrollo y demás reglas interpretativas quedan pendientes de aprobación por medio de un posterior texto reglamentario, atendiendo la habilitación que, para ello, se hace al Gobierno por medio de la Disposición final primera. Formalmente, la Ley está estructurado en 51 artículos, divididos en cinco Títulos que, a su vez, se desglosan en Capítulos, y, lo que a la postre resulta de enorme importancia práctica, una Disposición adicional única; tres transitorias; una derogatoria, y diez Disposiciones finales.Desde el punto de vista de su finalidad, la Ley reproduce los objetivos de la Directiva: estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar la igualdad de oportunidades para competir; aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como para los usuarios; y, establecer un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago. Con todo ello, se pretende garantizar que los pagos (hechos mediante transferencias, adeudos directos y operaciones de pago directos realizadas mediante tarjetas), que se efectúen en el ámbito de la UE puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros, para lo que la norma construye un régimen legal imperativo en la mayoría de sus contenidos.