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PUBLICACIÓN
Nuevas directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía
29 de diciembre, 2021
1.- Nuevas Directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía.
La Comisión Europea ha adoptado unas nuevas Directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía (identificadas como CEEAG por sus siglas en inglés «Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines»). Estas Directrices serán de aplicación a partir de enero del 2022. Las nuevas normas implican una alineación con los importantes objetivos y metas de la Unión Europea (UE) establecidos en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y con otros cambios reglamentarios recientes en las áreas de energía y medio ambiente y atienden a la creciente importancia de la protección del clima. Las nuevas normas crean un marco habilitante flexible y adaptado a su finalidad para ayudar a los Estados miembros a proporcionar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo de forma selectiva y rentable.
Las normas sobre ayudas estatales apoyan proyectos para la protección del medio ambiente, incluida la protección del clima y la generación de energía verde. Incluyen apartados específicos para apoyar la descarbonización de la economía de una manera amplia y flexible abierta a todas las tecnologías que pueden contribuir al Pacto Verde Europeo, incluidas las energías renovables, las medidas de eficiencia energética, las ayudas a la movilidad limpia, las infraestructuras, la economía circular, la reducción de la contaminación, la protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético. Las normas tienen por objeto ayudar a los Estados miembros a cumplir sus ambiciosos objetivos energéticos y climáticos de la UE, al menor coste posible para los contribuyentes y sin distorsiones indebidas de la competencia en el mercado único. Las Directrices también tienen como objetivo facilitar la participación de las comunidades de energías renovables y las PYMEs,
Las principales novedades de las Directrices consisten en:
a) Ampliar las categorías de inversiones y tecnologías que los Estados miembros pueden apoyar para abarcar todas las tecnologías que pueden ofrecer el Pacto Verde Europeo.
Una nueva sección única cubre la reducción o evitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, facilitando la evaluación de las medidas que apoyan la descarbonización de diferentes sectores de la economía, incluso a través de inversiones en energías renovables, eficiencia energética en los procesos de producción y descarbonización industrial, en línea con las normas europeas. Las normas revisadas permiten en general cantidades de ayuda de hasta el 100% del déficit de financiación, especialmente cuando la ayuda se concede tras un proceso de licitación competitivo, e introducen nuevos instrumentos de ayuda, como los contratos de carbono por diferencia, para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades ecológicas de la industria.
b) Cubrir las ayudas para numerosas áreas relevantes para el Pacto Verde.
Se incluyen secciones nuevas o actualizadas sobre ayudas para la prevención o reducción de la contaminación que no sea la debida a gases de efecto invernadero, incluida la contaminación acústica, las ayudas a la eficiencia de los recursos y la economía circular, las ayudas a la biodiversidad y la reparación de daños medioambientales. Además, las Directrices cuentan con secciones específicas para ayudar a incentivar las inversiones en áreas emblemáticas, como el rendimiento energético de los edificios y la movilidad limpia, que abarcan todos los modos de transporte.
c) Introducir cambios en las normas actuales sobre reducciones de determinadas tasas de electricidad para usuarios intensivos en energía.
Las normas tienden a limitar el riesgo de que, debido a estos gravámenes, las actividades en ciertos sectores se trasladen a lugares donde las disciplinas ambientales están ausentes o son menos ambiciosas que en la UE. Con el fin de atender los esfuerzos mejorados de descarbonización necesarios para cumplir los objetivos climáticos de la UE, las Directrices cubren las reducciones en todos los impuestos que financian la descarbonización y las políticas sociales. Además, con el fin de permitir a los Estados miembros mantener la igualdad de condiciones y basándose en indicadores objetivos a nivel sectorial, las Directrices han racionalizado el número de sectores elegibles. Las reglas también se han revisado para sostener mejor la descarbonización progresiva de estas empresas, entre otras cosas, vinculando las reducciones de impuestos con los compromisos de los beneficiarios para reducir su huella de carbono.
d) Introducir salvaguardias para garantizar que la ayuda se dirija eficazmente donde sea necesario para mejorar la protección del medio ambiente y el clima, se limite a lo necesario para alcanzar los objetivos medioambientales y no distorsione la competencia o la integridad del mercado único.
A este respecto, las Directrices mejorarán, por ejemplo, la participación de las partes interesadas en el diseño de grandes medidas de ayuda que requieren que los Estados miembros consulten a las partes interesadas sobre sus principales características.
e) Garantizar la coherencia con la legislación y las políticas de la UE pertinentes en los campos medioambiental y energético.
Las Directrices buscan poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles más contaminantes, para los que es poco probable una evaluación positiva por parte de la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales a la luz de sus importantes efectos negativos sobre el medioambiente. En este sentido es poco probable que se aprueben medidas que impliquen nuevas inversiones en gas natural a menos que se demuestre que las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050, facilitando la transición desde combustibles más contaminantes sin bloquear tecnologías que puedan obstaculizar el desarrollo más amplio de combustibles más limpios. Las Directrices incluyen también un nuevo apartado sobre ayudas al cierre de plantas de carbón, turba y esquisto bituminoso para facilitar la descarbonización en el sector energético.
f) Aumentar la flexibilidad y racionalizar las normas anteriores.
Este objetivo se consigue eliminando el requisito de notificaciones individuales de grandes proyectos ecológicos dentro de los regímenes de ayudas previamente aprobados por la Comisión.
Las Directrices se adoptarán formalmente tan pronto como estén disponibles todas las versiones lingüísticas (presumiblemente en el mes de enero del 2022). Los Estados miembros deberán adaptar los regímenes existentes a las nuevas normas a partir de 2024. Las Directrices establecen las condiciones en las que las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros en el ámbito del clima, la protección medioambiental y la energía pueden considerarse compatibles con el mercado único y los criterios aplicados por la Comisión para evaluar el apoyo de los Estados miembros en estos ámbitos.
2.- Revisión del Reglamento de Exención por categorías en materia de ayudas de Estado
Las disposiciones de las Directrices se complementan con el Reglamento general de exención por categorías (citado como «GBER» por sus siglas en inglés de General Block Exemption Regulation), que establece condiciones de compatibilidad ex ante sobre la base de las cuales los Estados miembros pueden aplicar medidas de ayuda estatal sin notificación previa a la Comisión.
Las disposiciones del GBER sobre ayudas en el ámbito del clima, la protección del medio ambiente y la energía están siendo también objeto de una revisión específica. La revisión tiene como finalidad facilitar aún más las inversiones verdes ampliando el alcance de las medidas exentas por categorías para cubrir las ayudas para inversiones en nuevas tecnologías, como la captura y almacenamiento o uso de hidrógeno y carbono, y para áreas que son clave para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo, como la eficiencia de los recursos y la biodiversidad. Además, la revisión del GBER tiene como objetivo perfeccionar aún más las disposiciones sobre ayudas para inversiones en áreas emblemáticas, como el rendimiento energético de los edificios y la infraestructura de recarga y reabastecimiento de combustible para una movilidad limpia, que ya se introdujeron como parte de la revisión específica del GBER en julio de 2021.
Por último, se flexibilizarán las normas con respecto a la definición de costes subvencionables y la intensidad de la ayuda.
La Comisión Europea ha adoptado unas nuevas Directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía (identificadas como CEEAG por sus siglas en inglés «Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines»). Estas Directrices serán de aplicación a partir de enero del 2022. Las nuevas normas implican una alineación con los importantes objetivos y metas de la Unión Europea (UE) establecidos en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y con otros cambios reglamentarios recientes en las áreas de energía y medio ambiente y atienden a la creciente importancia de la protección del clima. Las nuevas normas crean un marco habilitante flexible y adaptado a su finalidad para ayudar a los Estados miembros a proporcionar el apoyo necesario para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo de forma selectiva y rentable.
Las normas sobre ayudas estatales apoyan proyectos para la protección del medio ambiente, incluida la protección del clima y la generación de energía verde. Incluyen apartados específicos para apoyar la descarbonización de la economía de una manera amplia y flexible abierta a todas las tecnologías que pueden contribuir al Pacto Verde Europeo, incluidas las energías renovables, las medidas de eficiencia energética, las ayudas a la movilidad limpia, las infraestructuras, la economía circular, la reducción de la contaminación, la protección y restauración de la biodiversidad, así como medidas para garantizar la seguridad del suministro energético. Las normas tienen por objeto ayudar a los Estados miembros a cumplir sus ambiciosos objetivos energéticos y climáticos de la UE, al menor coste posible para los contribuyentes y sin distorsiones indebidas de la competencia en el mercado único. Las Directrices también tienen como objetivo facilitar la participación de las comunidades de energías renovables y las PYMEs,
Las principales novedades de las Directrices consisten en:
a) Ampliar las categorías de inversiones y tecnologías que los Estados miembros pueden apoyar para abarcar todas las tecnologías que pueden ofrecer el Pacto Verde Europeo.
Una nueva sección única cubre la reducción o evitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, facilitando la evaluación de las medidas que apoyan la descarbonización de diferentes sectores de la economía, incluso a través de inversiones en energías renovables, eficiencia energética en los procesos de producción y descarbonización industrial, en línea con las normas europeas. Las normas revisadas permiten en general cantidades de ayuda de hasta el 100% del déficit de financiación, especialmente cuando la ayuda se concede tras un proceso de licitación competitivo, e introducen nuevos instrumentos de ayuda, como los contratos de carbono por diferencia, para ayudar a los Estados miembros a responder a las necesidades ecológicas de la industria.
b) Cubrir las ayudas para numerosas áreas relevantes para el Pacto Verde.
Se incluyen secciones nuevas o actualizadas sobre ayudas para la prevención o reducción de la contaminación que no sea la debida a gases de efecto invernadero, incluida la contaminación acústica, las ayudas a la eficiencia de los recursos y la economía circular, las ayudas a la biodiversidad y la reparación de daños medioambientales. Además, las Directrices cuentan con secciones específicas para ayudar a incentivar las inversiones en áreas emblemáticas, como el rendimiento energético de los edificios y la movilidad limpia, que abarcan todos los modos de transporte.
c) Introducir cambios en las normas actuales sobre reducciones de determinadas tasas de electricidad para usuarios intensivos en energía.
Las normas tienden a limitar el riesgo de que, debido a estos gravámenes, las actividades en ciertos sectores se trasladen a lugares donde las disciplinas ambientales están ausentes o son menos ambiciosas que en la UE. Con el fin de atender los esfuerzos mejorados de descarbonización necesarios para cumplir los objetivos climáticos de la UE, las Directrices cubren las reducciones en todos los impuestos que financian la descarbonización y las políticas sociales. Además, con el fin de permitir a los Estados miembros mantener la igualdad de condiciones y basándose en indicadores objetivos a nivel sectorial, las Directrices han racionalizado el número de sectores elegibles. Las reglas también se han revisado para sostener mejor la descarbonización progresiva de estas empresas, entre otras cosas, vinculando las reducciones de impuestos con los compromisos de los beneficiarios para reducir su huella de carbono.
d) Introducir salvaguardias para garantizar que la ayuda se dirija eficazmente donde sea necesario para mejorar la protección del medio ambiente y el clima, se limite a lo necesario para alcanzar los objetivos medioambientales y no distorsione la competencia o la integridad del mercado único.
A este respecto, las Directrices mejorarán, por ejemplo, la participación de las partes interesadas en el diseño de grandes medidas de ayuda que requieren que los Estados miembros consulten a las partes interesadas sobre sus principales características.
e) Garantizar la coherencia con la legislación y las políticas de la UE pertinentes en los campos medioambiental y energético.
Las Directrices buscan poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles más contaminantes, para los que es poco probable una evaluación positiva por parte de la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales a la luz de sus importantes efectos negativos sobre el medioambiente. En este sentido es poco probable que se aprueben medidas que impliquen nuevas inversiones en gas natural a menos que se demuestre que las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050, facilitando la transición desde combustibles más contaminantes sin bloquear tecnologías que puedan obstaculizar el desarrollo más amplio de combustibles más limpios. Las Directrices incluyen también un nuevo apartado sobre ayudas al cierre de plantas de carbón, turba y esquisto bituminoso para facilitar la descarbonización en el sector energético.
f) Aumentar la flexibilidad y racionalizar las normas anteriores.
Este objetivo se consigue eliminando el requisito de notificaciones individuales de grandes proyectos ecológicos dentro de los regímenes de ayudas previamente aprobados por la Comisión.
Las Directrices se adoptarán formalmente tan pronto como estén disponibles todas las versiones lingüísticas (presumiblemente en el mes de enero del 2022). Los Estados miembros deberán adaptar los regímenes existentes a las nuevas normas a partir de 2024. Las Directrices establecen las condiciones en las que las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros en el ámbito del clima, la protección medioambiental y la energía pueden considerarse compatibles con el mercado único y los criterios aplicados por la Comisión para evaluar el apoyo de los Estados miembros en estos ámbitos.
2.- Revisión del Reglamento de Exención por categorías en materia de ayudas de Estado
Las disposiciones de las Directrices se complementan con el Reglamento general de exención por categorías (citado como «GBER» por sus siglas en inglés de General Block Exemption Regulation), que establece condiciones de compatibilidad ex ante sobre la base de las cuales los Estados miembros pueden aplicar medidas de ayuda estatal sin notificación previa a la Comisión.
Las disposiciones del GBER sobre ayudas en el ámbito del clima, la protección del medio ambiente y la energía están siendo también objeto de una revisión específica. La revisión tiene como finalidad facilitar aún más las inversiones verdes ampliando el alcance de las medidas exentas por categorías para cubrir las ayudas para inversiones en nuevas tecnologías, como la captura y almacenamiento o uso de hidrógeno y carbono, y para áreas que son clave para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo, como la eficiencia de los recursos y la biodiversidad. Además, la revisión del GBER tiene como objetivo perfeccionar aún más las disposiciones sobre ayudas para inversiones en áreas emblemáticas, como el rendimiento energético de los edificios y la infraestructura de recarga y reabastecimiento de combustible para una movilidad limpia, que ya se introdujeron como parte de la revisión específica del GBER en julio de 2021.
Por último, se flexibilizarán las normas con respecto a la definición de costes subvencionables y la intensidad de la ayuda.
