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PUBLICACIÓN
Propuestas laborales para la reactivación económica
28 de julio, 2020
En el Dictamen presentado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 21 de julio de 2020, se recogen las propuestas de los cuatro bloques en los que se subdividió la Comisión; a saber, Sanidad y Salud Pública, Reactivación Económica, Políticas Sociales y Unión Europea.
Centrando el interés de este análisis en el segundo de los bloques, el de la Reactivación Económica y uno de los más elaborados, el Dictamen reconoce expresamente algunas debilidades estructurales de la economía, tales como: a) la concentración del crecimiento en algunos sectores sobredimensionados, como la construcción, antes, o el sector servicios, ahora; b) el reducido tamaño empresarial, guiado por pymes sin trabajadores y micropymes; c) una atomización del tejido empresarial que le hace menos competitivo de cara a una mayor proyección internacional; d) el bajo crecimiento de la productividad, que evoluciona de forma anticíclica en nuestro país, aumentando en épocas de recesión a costa de destruir empleo, fruto, entre otras cuestiones, de un tejido productivo con baja intensidad en valor añadido e I+D+i; e) los bajos salarios reales y el recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal; f) la escasa inversión en educación, formación continua de la fuerza laboral y elevadas tasas de abandono escolar que redundan en un sector productivo donde la mano de obra poco cualificada es la primera expulsada del mundo laboral; g) el reducido peso de la industria en la economía, cuya participación en términos de valor añadido bruto con respecto al PIB sigue una tendencia decreciente; o, por último y entre otras, h) una tasa de desempleo muy elevada, muy superior a la media de los países europeos, y que se mantiene elevada incluso en periodos de crecimiento.
Para superar estos déficits estructurales se proponen numerosos Planes, de distinta naturaleza. Cabe subrayar, sin ánimo exhaustivo, la intención de programar un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar el modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, un Pacto de Estado por la Industria, una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social, un Plan de Impulso del Trabajo Autónomo, un Plan para la Transformación del Sistema Agroalimentario, un Plan de Acción a favor de las Mujeres Rurales y de las Mujeres de la Pesca, un Plan de Recuperación Verde, una Estrategia de Crecimiento Azul, un Plan de Choque de Movilidad Sostenible, un Plan de Impulso a la Digitalización y Sostenibilidad de la Cadena Logística para el Transporte y Distribución de Mercancías, un Plan de Choque de Refuerzo de la Seguridad y Conservación de las Infraestructuras y Servicios de Transporte o una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los Horarios, entre otras pretensiones.
Pero, en el ámbito laboral, las medidas no resultan muy innovadoras. Y, así y entre otras posibilidades, se propone mantener los ERTEs como instrumento de flexibilidad empresarial interna, luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva mediante una simplificación contractual, diseñar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, impulsar el trabajo autónomo, apoyando específicamente el emprendimiento y el intra emprendimiento, reformar legalmente el teletrabajo, dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y al uso de las tecnologías, favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, modernizar y optimizar las políticas activas de empleo, promover programas de formación profesional renovados, potenciar la formación a lo largo de la vida, mejorar la protección por desempleo, disponer de un modelo laboral lo suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo, o, en fin, articular un sistema para los nuevos contratos consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores tipo «mochila austríaca» para que el trabajador pueda hacerlo efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación. En definitiva, medidas ya conocidas, ya debatidas, aunque no todas ensayadas. Y, si bien es cierto que cualquier acuerdo requiere siempre prudencia para alcanzar el consenso, quizá ante una nueva «era» laboral se impongan, además de las expuestas, ideas nuevas.
Centrando el interés de este análisis en el segundo de los bloques, el de la Reactivación Económica y uno de los más elaborados, el Dictamen reconoce expresamente algunas debilidades estructurales de la economía, tales como: a) la concentración del crecimiento en algunos sectores sobredimensionados, como la construcción, antes, o el sector servicios, ahora; b) el reducido tamaño empresarial, guiado por pymes sin trabajadores y micropymes; c) una atomización del tejido empresarial que le hace menos competitivo de cara a una mayor proyección internacional; d) el bajo crecimiento de la productividad, que evoluciona de forma anticíclica en nuestro país, aumentando en épocas de recesión a costa de destruir empleo, fruto, entre otras cuestiones, de un tejido productivo con baja intensidad en valor añadido e I+D+i; e) los bajos salarios reales y el recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal; f) la escasa inversión en educación, formación continua de la fuerza laboral y elevadas tasas de abandono escolar que redundan en un sector productivo donde la mano de obra poco cualificada es la primera expulsada del mundo laboral; g) el reducido peso de la industria en la economía, cuya participación en términos de valor añadido bruto con respecto al PIB sigue una tendencia decreciente; o, por último y entre otras, h) una tasa de desempleo muy elevada, muy superior a la media de los países europeos, y que se mantiene elevada incluso en periodos de crecimiento.
Para superar estos déficits estructurales se proponen numerosos Planes, de distinta naturaleza. Cabe subrayar, sin ánimo exhaustivo, la intención de programar un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar el modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, un Pacto de Estado por la Industria, una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social, un Plan de Impulso del Trabajo Autónomo, un Plan para la Transformación del Sistema Agroalimentario, un Plan de Acción a favor de las Mujeres Rurales y de las Mujeres de la Pesca, un Plan de Recuperación Verde, una Estrategia de Crecimiento Azul, un Plan de Choque de Movilidad Sostenible, un Plan de Impulso a la Digitalización y Sostenibilidad de la Cadena Logística para el Transporte y Distribución de Mercancías, un Plan de Choque de Refuerzo de la Seguridad y Conservación de las Infraestructuras y Servicios de Transporte o una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los Horarios, entre otras pretensiones.
Pero, en el ámbito laboral, las medidas no resultan muy innovadoras. Y, así y entre otras posibilidades, se propone mantener los ERTEs como instrumento de flexibilidad empresarial interna, luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva mediante una simplificación contractual, diseñar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, impulsar el trabajo autónomo, apoyando específicamente el emprendimiento y el intra emprendimiento, reformar legalmente el teletrabajo, dedicar una especial atención a la prevención de los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y al uso de las tecnologías, favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, modernizar y optimizar las políticas activas de empleo, promover programas de formación profesional renovados, potenciar la formación a lo largo de la vida, mejorar la protección por desempleo, disponer de un modelo laboral lo suficientemente flexible para adaptarse a la diversidad, composición y cambios del mercado de trabajo, o, en fin, articular un sistema para los nuevos contratos consistente en un fondo de capitalización para los trabajadores tipo «mochila austríaca» para que el trabajador pueda hacerlo efectivo en los supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación. En definitiva, medidas ya conocidas, ya debatidas, aunque no todas ensayadas. Y, si bien es cierto que cualquier acuerdo requiere siempre prudencia para alcanzar el consenso, quizá ante una nueva «era» laboral se impongan, además de las expuestas, ideas nuevas.
