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Sector Audiovisual
2 de febrero, 2011
La Disposición final cuadragésimo primera de la Ley de Economía Sostenible modifica la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.1. OBLIGACIÓN DE FINANCIACIÓN DE OBRAS EN LENGUAS OFICIALES EN ESPAÑA (DF 41ª.UNO).
El párrafo séptimo del artículo 5.3 pasa a ser párrafo cuarto pero esto no modifica significativamente el contenido de la norma que ya imponía la obligación de contribuir a la financiación de la industria del cine europeo. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva tanto de cobertura estatal como autonómica, los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que difundan a través de sus redes canales de televisión y los prestadores de servicios de catálogo de programas deben contribuir anualmente a la financiación anticipada de contenidos audiovisuales europeos (películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales, películas y series de animación) (art. 5.3.I y IX Ley 7/2010). El porcentaje mínimo será del 5%, para los prestadores privados, y del 6%, para los prestadores de servicios de titularidad pública, de los ingresos (no de los beneficios), devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación correspondiente a los canales en los que emiten estos contenidos con una antigüedad inferior a siete años desde su fecha de producción (art. 5.3.I Ley 7/2010). El 60% de esta cantidad se destinará a la producción de obras en alguna de las lenguas oficiales de España (art. 5.3.IV Ley 7/2010 en redacción dada por DA 41ª.Uno LES)…
El párrafo séptimo del artículo 5.3 pasa a ser párrafo cuarto pero esto no modifica significativamente el contenido de la norma que ya imponía la obligación de contribuir a la financiación de la industria del cine europeo. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva tanto de cobertura estatal como autonómica, los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que difundan a través de sus redes canales de televisión y los prestadores de servicios de catálogo de programas deben contribuir anualmente a la financiación anticipada de contenidos audiovisuales europeos (películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales, películas y series de animación) (art. 5.3.I y IX Ley 7/2010). El porcentaje mínimo será del 5%, para los prestadores privados, y del 6%, para los prestadores de servicios de titularidad pública, de los ingresos (no de los beneficios), devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación correspondiente a los canales en los que emiten estos contenidos con una antigüedad inferior a siete años desde su fecha de producción (art. 5.3.I Ley 7/2010). El 60% de esta cantidad se destinará a la producción de obras en alguna de las lenguas oficiales de España (art. 5.3.IV Ley 7/2010 en redacción dada por DA 41ª.Uno LES)…
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Prescripción y responsabilidad tributaria: nuevos criterios del TEAC aplicando la doctrina del Tribunal Supremo (al tiempo que se prevé reformar la Ley General Tributaria)
Los nuevos criterios del TEAC en materia de responsabilidad tributaria, aplicando la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, al tiempo que se modifica la Ley general Tributaria en dicha materia.
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Consecuencias fiscales de la pérdida sobrevenida de la exención relativa a las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único
La DGT analiza las consecuencias que a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas tendrá la pérdida de la exención prevista para el importe de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único, cuando por circunstancias sobrevenidas se produce el incumplimiento de los requisitos previstos legalmente para su aplicación
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Pago de complementos retributivos según normativa fiscal: ¿se justifica que se cobre más o menos por el mismo concepto según el lugar de residencia?
Si el convenio colectivo pudo haber acudido a la normativa tributaria estatal para establecer el importe de las dietas y gastos de locomoción, el no haberlo hecho y remitirse a la normativa tributaria, sin distinción, implica que la misma se refiera a la del lugar de residencia del trabajador
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Sociedad pretendidamente civil con objeto mercantil
La responsabilidad de los socios de una sociedad que se presenta en el tráfico como civil pero que, en realidad, tiene objeto mercantil, se rige por las normas de la sociedad colectiva
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¿Quién puede abrir un procedimiento de insolvencia frente a una persona física que ejerce una actividad profesional independiente?
A los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia, se presume que el centro de intereses principales de un particular que ejerce una actividad profesional independiente se sitúa en su centro principal de actividad, aunque no disponga en ese lugar de medios materiales o humanos para desarrollarla.
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De nuevo sobre la aplicación de las deducciones por I+D+i en ejercicios posteriores a los de su generación: la interpretación restrictiva de la Dirección General de Tributos
La Dirección General de Tributos reitera su criterio manifestado en el 2022 relativo a la deducción por actividades de I+D+i, considerando que sólo podrá aplicarse si su importe ha sido objeto de consignación en la autoliquidación del impuesto sobre sociedades correspondiente al periodo impositivo en el que se generó; en caso contrario, el contribuyente deberá instar la rectificación de dicha autoliquidación dentro del plazo de prescripción.
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El ámbito territorial de eficacia de las patentes unitarias
Se analiza la eficacia territorial de las patentes unitarias a la luz de las nuevas ratificaciones del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y de recientes resoluciones de dicho tribunal.
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También en los contratos de concesión de servicios regulares de transporte público por carretera es posible integrar solvencia con medios de terceros, sin necesidad de que participen en la agrupación licitadora
El Tribunal Supremo fija como jurisprudencia que el cumplimiento del requisito de solvencia técnica relativo a la disponibilidad del número de vehículos exigido para este tipo de contratos puede acreditarse mediante el mecanismo de integración de la solvencia por medios externos, previsto en el artículo 75 LCSP, o mediante la proposición conjunta, prevista en el artículo 80 ROTT, sin que exista incompatibilidad entre ambas formas.
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Exención por reinversión de vivienda habitual: referencia a la reinversión en viviendas en construcción y a la transmisión del derecho de «leasehold»
La Dirección General de Tributos se manifiesta sobre las condiciones exigidas para aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual cuando la reinversión se realiza en una vivienda en construcción, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aborda la posibilidad de aplicar dicho beneficio fiscal cuando se transmite el derecho de «leasehold» sobre un inmueble para adquirir otra vivienda habitual.
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