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Transportes terrestres: reforma normativa y extinción de las concesiones vigentes
4 de enero, 2013
La nueva regulación de los transportes terrestres en el marco del Derecho comunitario tiene, como de costumbre, su eco en nuestra legislación interna, sobre la que se proyecta e incide hasta el punto de hacer precisa una verdadera reforma global de la regulación existente en la materia. En efecto, se encuentra ahora en tramitación un proyecto de ley que plantea una «revisión completa» como reza su exposición de motivos de la regulación española de los transportes por carretera, presidida por nuevas exigencias para el ejercicio de la profesión de transportista, el establecimiento de normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera y de servicios de autocares y autobuses, el reforzamiento del carácter contractual de la relación entre el gestor del servicio de transporte regular de viajeros y la Administración titular y la consagración de los principios de libertad de contratación y explotación de las restantes actividades de transporte.
El régimen jurídico de los transportes terrestres en España se contiene en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante LOTT), norma cuya reforma está actualmente en tramitación el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2012 y publicado en el BOCG el 20 de diciembre de 2012.
El régimen jurídico de los transportes terrestres en España se contiene en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en adelante LOTT), norma cuya reforma está actualmente en tramitación el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2012 y publicado en el BOCG el 20 de diciembre de 2012.
Transportes terrestres: reforma normativa y extinción de las concesiones vigentes
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El articulo analiza el impacto que para empresas y operadores privados tiene el nuevo Reglamento Financiero de la Unión Europea, en materia de subvenciones y, especialmente, de contratación pública, haciendo hincapié en la extensión y reforzamiento del sistema de protección de los intereses financieros de la Unión.
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La DGT analiza las consecuencias que a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas tendrá la pérdida de la exención prevista para el importe de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único, cuando por circunstancias sobrevenidas se produce el incumplimiento de los requisitos previstos legalmente para su aplicación
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