Un mismo criptoactivo puede someterse al derecho estadounidense del mercado de valores en unos casos y en otros, no: SEC v. Ripple Labs y otros

En una reciente sentencia de la U.S. District Court [Southern District N.Y, 20 Civ. 10832 (AT), de 13 de julio], el Tribunal considera que la venta del toquen XRP a inversores institucionales está sometida a la Securities Act, 1933 y, sin embargo, la adquisición y venta de este mismo criptoactivo por inversores minoristas a través de la plataforma XRP Ledger u otras plataformas digitales, no se subsume en la referida ley. Se trata de una decisión de indudable interés que incluye numerosas citas jurisprudenciales de los tribunales de aquel país a propósito del concepto de valor negociable (security).

A diferencia del derecho español, este concepto (security), en el derecho estadounidense, incluye no sólo las acciones, valores de deuda u otros valores negociables, sino también lo que se denomina en la norma «investment contract», [Securities Act, 15 U.S.C. § 77b(a)(1)] que es la vía por la que algunos criptoactivos u otros productos como un naranjal han sido considerados security. En estos casos es de aplicación el conocido como Test de Howey para concluir la naturaleza de valor negociable de estos activos, digitales o no.

En el caso de autos, en 2012 a través de XRP Ledger se crearon cien mil millones de criptoactivos XRP, cada uno de ellos divisible a su vez en un millón de fracciones fungibles entre sí. Los tres fundadores del registro se reservaron 20 millones de unidades y los 80 restantes se pusieron a disposición de Ripple, una plataforma de pagos —entre otros servicios— que ofertaba el servicio de cambio de moneda legal por, en este caso, toquens XRP y viceversa. En lo que interesa, Ripple por un lado vendió, a través de filiales íntegramente participadas, toquens XRP a diversos inversores institucionales por importe superior a 720 millones de dólares. Por otro, a través de diversos algoritmos, Ripple vendió XRP a través de plataformas de negociación de criptoactivos, plataformas en las que no se conoce la identidad del vendedor ni del adquirente de estos toquens (anonimato de las partes), por una cifra superior a los 750 millones de dólares. Asimismo, distribuyó algunos de estos toquens entre sus empleados en concepto de remuneración.

En aplicación de uno de los criterios del Test de Howey, por un «contrato de inversión» se coloca o invierte capital con la finalidad de obtener un beneficio o rentabilidad para el inversor. El Tribunal entiende que no concurre este requisito cuando se compran o venden criptoactivos a través de una plataforma ciega, en la que se desconoce la identidad de las partes y no hay por tanto un negocio en común. Sin embargo, en el caso de los inversores institucionales, Ripley sí desarrollo un negocio o empresa en común con los inversores, en la medida en la que utilizaba los fondos captados de estos inversores, con su consentimiento, para incrementar el valor de los toquens de forma que los posibles beneficios de los adquirentes quedaban vinculados a esta actividad. Por esta misma razón, no considera el Tribunal que el plan de retribución a los trabajadores de Ripley sea un contrato de inversión a los efectos de la Securities Act, 1933.