Ana Luísa Guimarães analiza los sectores vedados a la iniciativa privada en el ámbito del agua| ECO

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.

El anteproyecto de Ley se refiere a la nueva regulación de la publicidad institucional del sector público en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Y establece, por un lado, la prohibición de recibir ingresos por publicidad del sector público superiores al 35% del importe neto de su cifra anual de negocios, y, por otro, la obligación de transparencia, consistente en la identificación de los dueños de los medios de comunicación y de las personas que pueden ejercer influencia sobre ellos. La verificación y control se atribuye a las Autoridades de Competencia (CNMC o similares de carácter autonómico).

El 12 de mayo del 2026 ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2026/1030 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, que establece las, normas para la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero de los servicios de transporte de cualquier tipología. La finalidad del reglamento es incentivar el cambio de comportamiento de organismos públicos, empresas y consumidores, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los servicios de transporte mediante la adopción y el uso de datos comparables y fiables.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.

La reciente Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, ha operado una modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incide de manera directa sobre el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, ampliando los tipos contractuales y actos administrativos susceptibles de impugnación.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Administrative modernisation, major infraestructure projects, defence and energy transition in the new cycle of Portuguese public law.

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