Ana Luísa Guimarães y Ricardo Campos analizan los retos de la nueva generación de colaboraciones público-privadas en Portugal | Jornal de Negócios

Ana Luísa Guimarães y Ricardo Campos afirman, en una entrevista con Jornal de Negócios, que las colaboraciones público-privadas (PPP) están entrando en una nueva fase de madurez en Portugal.

Ana Luísa Guimarães y Ricardo Campos sostienen, en una entrevista con Jornal de Negócios, que la previsibilidad contractual en las colaboraciones público-privadas (PPP) será determinante para atraer a inversores y evitar que los proyectos viarios, portuarios y ferroviarios queden por el camino.

En un momento en el que las PPP están entrando en una nueva fase de madurez en Portugal, Ana Luísa Guimarães considera que se está dejando atrás un periodo de estigmatización. Asimismo, señala que la creación de la Unidad Técnica de Seguimiento de Proyectos (UTAP) y la estabilización de las normas del Código de Contratación Pública han propiciado un marco más favorable.

En el ámbito de las concesiones viarias, Ricardo Campos defiende un equilibrio entre los pagos por disponibilidad y la demanda efectiva, con el fin de evitar pagos desproporcionados por parte del Estado. Ana Luísa Guimarães prevé que las próximas concesiones se centren principalmente en la explotación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes, y destaca que unos contratos claros y previsibles son esenciales para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos y atraer a inversores. Estas inversiones también deberán dar respuesta a la digitalización, la ciberseguridad, la transición energética y la recarga de vehículos eléctricos.

En relación con las concesiones portuarias, Ana Luísa Guimarães destaca la necesidad de modernizar las infraestructuras, revisar el marco jurídico aplicable y diseñar contratos que concilien la flexibilidad con la seguridad exigida por los inversores. Añade que los plazos deben adaptarse a cada proyecto, ya que un grado excesivo de incertidumbre podría provocar que los concursos quedasen desiertos. Asimismo, afirma que la competitividad de los puertos portugueses dependerá de su conexión con la red ferroviaria y con el nuevo aeropuerto de Lisboa.

En cuanto a la alta velocidad ferroviaria, Ricardo Campos advierte de los riesgos derivados de unos precios base poco realistas y de conceder una importancia excesiva al precio. En su opinión, también deben valorarse la capacidad de los licitadores y la calidad técnica de las propuestas. Asimismo, subraya que la lentitud de los tribunales administrativos desincentiva a los inversores, por lo que deben priorizarse mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitan agilizar los procedimientos.

Por último, los socios fueron preguntados sobre si el fin del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) y una eventual reducción de la inversión pública podrían reforzar el papel de las PPP. Ambos respondieron afirmativamente, aunque advirtieron de que el desarrollo simultáneo de varios proyectos podría aumentar los costes y agravar la escasez de mano de obra cualificada. También señalaron que el refuerzo del control europeo sobre la inversión extranjera podría introducir nuevas autorizaciones y retrasos, lo que exigirá una preparación adecuada del sistema portugués.

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