Ana Martínez-Pina “El Capital Privado abre la “puerta” al inversor minorista” | El Economista

Al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025, de 2 de julio, se trata un conjunto de cuestiones relativas al seguro de responsabilidad civil del porteador y al seguro de transporte terrestre de mercancías de las que, desde hace tiempo, se han venido ocupando la doctrina y los tribunales.

En ocasiones, los tribunales consideran discriminatorio el complemento «antiabsentismo» al introducir un trato desfavorable ante la incapacidad temporal, bien al remunerar el complemento si es la única baja en el año natural o bien al penalizar la incapacidad temporal recurrente, constituyendo una discriminación por razón de salud.

Esto es, el pago al asegurado de responsabilidad civil no es un pago liberatorio frente al tercer perjudicado

En una resolución de 18 de julio del 2025, la División local de Mannheim del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes se ha declarado competente para conocer de una demanda presentada contra tres sociedades domiciliadas en Alemania por infracción de una patente europea clásica con efectos en Alemania y en el Reino Unido. La competencia del tribunal para conocer de la infracción de la parte británica de patentes europeas no se ve afectada por el hecho de que se discuta la validez de la patente por parte de los demandados. No obstante, esta conclusión no es aplicable cuando se trata de partes españolas de patentes europeas.

Aunque el recurso de reposición carece de efectos suspensivos, la decisión sobre la admisión de la prueba se convierte en antecedente lógico necesario para la resolución sobre el fondo del asunto y privar de ella al interesado le causa una evidente situación de indefensión

Para entender cumplido el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, a efectos de considerar que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica posibilitando la aplicación de los beneficios de la empresa familiar en el ámbito sucesorio, es suficiente la contratación de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa para gestionar la actividad, sin que sea necesario justificar tal contratación desde un punto de vista económico.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina del doble tiro de la Administración, fija este nuevo criterio: tras la anulación total por razones sustantivas de un acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria dictado en aplicación del artículo 43.1b de la Ley General Tributaria, a resultas de la insuficiente actividad probatoria de la Administración, ésta puede, dentro del plazo de prescripción, iniciar un nuevo procedimiento y dictar un segundo acuerdo de declaración de ese mismo presupuesto de responsabilidad frente al mismo sujeto.

La remisión efectuada por el legislador del Impuesto sobre la Renta de No Residentes al artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se efectúa a efectos de cuantificar la renta imputada, pero no para delimitar el hecho imponible.

El efecto de la interrupción de la prescripción se produce con independencia de la existencia de desistimiento por incomparecencia, que sólo implica una renuncia a seguir en el proceso, pero no al ejercicio de la acción que se mantiene viva. Mientras el asunto esté judicialmente pendiente, la acción no está prescrita.