Clasificación High Net Worth de Chambers & Partners | El Confidencial

Se expone la doctrina del Tribunal Supremo acerca de si este procedimiento es cauce adecuado para discutir la eventual resolución del contrato de compraventa invocado por el demandado como título de posesión

Cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor interrumpe la prescripción, lo que ha de ser interpretado extensivamente. Cabe, pues, cualquier forma o actuación de la persona obligada, también, a estos efectos, la manifestación de la empresa en la comisión del Convenio Colectivo.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio del 2025 declara que las dos primeras decisiones de la Comisión Europea sobre la incompatibilidad con las normas sobre ayudas estatales del régimen de amortización fiscal del fondo de comercio financiero generaron confianza legítima sobre el alcance y límites de la obligación de recuperación, incluyendo dentro de su alcance las adquisiciones directas e indirectas de participaciones en empresas extranjeras. Por tanto, no cabe la recuperación retroactiva de las ayudas relacionadas con adquisiciones indirectas cubiertas por las dos primeras decisiones, por lo que debe procederse a su devolución junto con los intereses de demora.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Si no ha existido una modificación del status quo de pasado, la doctrina de los actos propios no puede servir para consagrar su eficacia en el tiempo por el mero hecho del silencio

La última de una serie de procesos donde los familiares acumulan acciones iure propio y iure hereditatis y piden la aplicación del baremo vigente.

Se considera conforme a Derecho que, en la gestión del empleo público, se fije una duración común en días acumulados del permiso por lactancia, con independencia de si la jornada se desarrolla a tiempo completo o a tiempo parcial, en beneficio de los empleados públicos a tiempo parcial.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025 revisa su doctrina previa sobre la posibilidad de que los entes locales ejerzan la acción pública urbanística y precisa en qué supuestos ostentan legitimación activa para impugnar el planeamiento aprobado por otro municipio