Claves de la Ley de residuos y suelos contaminados | Consejo General de la Abogacía Española

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde 2014. Su verdadera novedad es la imposición a determinadas empresas y entidades públicas de la obligación de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación. La escueta regulación del real decreto suscita algunas dudas interpretativas.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de mayo.

En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo 5938/2024, que reitera su doctrina sobre el plazo de pago y el devengo de intereses de demora en contratos públicos. Esta doctrina, que mantiene un plazo general de sesenta días, plantea dudas de compatibilidad con la Directiva 2011/7/UE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha renovado el Registro de operadores de telecomunicaciones para adaptarlo a la evolución tecnológica, reduciendo el número de denominaciones de 26 a 12

La nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario contiene novedosas regulaciones en materia de cadena alimentaria junto a múltiples reformas legales (complementarias o no).

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de abril.

Es habitual, sobre todo en el ámbito de las Corporaciones locales, el recurso a los contratos de consultoría y de servicios para desarrollo, por una empresa privada, de labores de asistencia en la elaboración o actualización de relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, el grado de intervención privada en la decisión que finalmente adopte la Administración contratante es esencial a los efectos de verificar si ha operado alguna suerte de dejación o delegación de funciones públicas.