Cristina Santos en el Informe de Universidades y Despachos 2023 | El Confidencial

El Tribunal Supremo decide retrasar la fijación de la doctrina sobre si el privilegio legal del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente se aplica también a los abogados internos de la empresa, al momento en que se recurra en casación una sentencia que se pronuncie sobre la cuestión en vez de una sentencia sobre medidas cautelares

Es válida y eficaz la convocatoria de la junta general dirigida a (y recibida por) el presidente del consejo de administración de la compañía socia convocada, con independencia de que aquél desempeñara efectivamente el cargo

Para que la alegación de prejudicialidad penal sea estimada es preciso el pronunciamiento penal pueda condicionar la decisión del proceso civil

¿Pero no estaría por ello reclamando como propios los daños que correspondería satisfacer a la sociedad administrada?

Se aprueba la Ley integral de impulso de la economía social con el fin de garantizar un marco legal que favorezca el desarrollo de la actividad de los principales actores de la economía social, reformando las normas vigentes sobre cooperativas, economía social y empresas de inserción social

Contra lo señalado por el Tribunal Supremo, la asunción de funciones de administración en una sociedad participada para la defensa del interés de la sociedad titular de la participación no genera infracción de la prohibición de competencia ni conflicto estructural ni ocasional de intereses. El conflicto se dará en la sociedad participada.

El Tribunal Supremo confirma que las autoliquidaciones firmes por transcurso del plazo de prescripción no son actos administrativos ni generan actos presuntos por falta de actuación de la Administración, sin que puedan ser objeto del procedimiento excepcional de revisión del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Las autoliquidaciones son actos de colaboración del contribuyente cuya única vía de impugnación es su rectificación en plazo a través del procedimiento del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, sin que ello suponga una lesión del principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea.