Directiva de aguas residuales y la responsabilidad ampliada del productor a fármacos y cosméticos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha renovado el Registro de operadores de telecomunicaciones para adaptarlo a la evolución tecnológica, reduciendo el número de denominaciones de 26 a 12

La nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario contiene novedosas regulaciones en materia de cadena alimentaria junto a múltiples reformas legales (complementarias o no).

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de abril.

Es habitual, sobre todo en el ámbito de las Corporaciones locales, el recurso a los contratos de consultoría y de servicios para desarrollo, por una empresa privada, de labores de asistencia en la elaboración o actualización de relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, el grado de intervención privada en la decisión que finalmente adopte la Administración contratante es esencial a los efectos de verificar si ha operado alguna suerte de dejación o delegación de funciones públicas.

La Sentencia 316/2025 del Tribunal Supremo supone un punto de inflexión en intensa litigiosidad que afecta a los proyectos eólicos en Galicia. El tribunal reitera su doctrina sobre el trámite de información pública y precisa que el hecho de que varios parques compartan infraestructuras de evacuación no determina, por sí solo, la existencia de un único proyecto a efectos ambientales, como venía sosteniendo el TSJ de Galicia.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de marzo. A destacar en este número próximas novedades en materia de prácticas comerciales desleales y producción ecológica, junto a una interesante sentencia del Tribunal Supremo, precedida de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a ciertas disposiciones internas de la Política Agrícola Común.

Partiendo de la importancia económica de la compra pública y de su configuración como instrumento idóneo para la implementación de políticas con trascendencia social, las Directivas Europeas de 2014 y la legislación española que las traspone, han dado carta de naturaleza a la Compra Pública Estratégica. La puesta en práctica de este instrumento enfrenta la dificultad de incorporar cláusulas sociales como criterios de adjudicación. Una muy reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos resume las reglas aplicables al respecto.

Este comentario de un artículo doctrinal resume los supuestos excepcionales en los que se admite la impugnación indirecta un acto administrativo que no fue recurrido en plazo, al recurrir otro acto que deriva de aquel o que se fundamenta en su contenido