Directiva de aguas residuales y la responsabilidad ampliada del productor a fármacos y cosméticos

La reciente Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, ha operado una modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incide de manera directa sobre el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, ampliando los tipos contractuales y actos administrativos susceptibles de impugnación.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

Administrative modernisation, major infraestructure projects, defence and energy transition in the new cycle of Portuguese public law.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.

La Sentencia Remling (24 de marzo de 2026) exige que los órganos que resuelven en última instancia analicen si procede elevar una cuestión prejudicial cuando una parte invoque Derecho de la Unión y, si deciden no hacerlo, expongan la razones que justifican la concurrencia de una de las excepciones CILFIT. Esta doctrina está llamada a incidir en las providencias sucintamente motivadas de inadmisión del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya fórmula parece insuficiente cuando en el recurso se suscite una cuestión del Derecho de la Unión.

La reciente Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2025 ha estimado una demanda de error judicial contra un auto en el que se ejecutaba una sentencia anterior relativa a la liquidación de un contrato administrativo. El Tribunal Supremo considera que el auto impugnado se aparta de la sentencia que ejecuta y aplica una norma distinta de la que corresponde a efectos de cálculo de los intereses de demora y declara el error judicial de la resolución.

El artículo 56a de la nueva Directiva sobre medicamentos de la Unión Europea introduce un mecanismo que permite a los Estados miembros requerir a los titulares de autorizaciones de comercialización que suministren medicamentos autorizados en su territorio para cubrir las necesidades de sus pacientes. En caso de incumplimiento tras tres años desde el requerimiento, el titular puede perder la protección del mercado en dicho Estado miembro, permitiéndose así la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares. No obstante, se prevén excepciones en caso de circunstancias excepcionales e imprevisibles que escapen al control del titular, así como salvaguardas para evitar que la pérdida de protección en un Estado miembro se utilice para eludir el sistema en otros mercados protegidos.

La Sentencia del Tribunal Supremo 156/2026, de 16 de febrero de 2026, declara que constituye una cláusula abusiva predeterminar la facturación electrónica en los contratos con consumidores, aunque estos puedan optar por la factura en papel en el momento del contrato o con posterioridad.