Fernando Igartua, nuevo responsable de la oficina de Gómez-Acebo & Pombo en Nueva York | El Confidencial

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Odabal, el Tribunal Supremo fija, entre otros criterios, que la contratación temporal abusiva de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas no permite adquirir fijeza sin superar un procedimiento de acceso al empleo público porque vulneraría la Constitución española.

No importa la calificación civil o mercantil de este contrato

La Dirección General de Tributos analiza cómo afecta al mantenimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 para aplicar la exención de empresa familiar el hecho de que uno de los miembros del grupo familiar que venía ejerciendo funciones directivas retribuidas en una sociedad operativa aporte sus participaciones en ella a su entidad holding, siendo ésta la que asuma las citadas funciones tras la aportación.

El Tribunal de Justicia, en el asunto Stellantis Portugal, confirma que un ajuste de precios de transferencia destinado a garantizar un determinado margen de beneficios, aun cuando en su cálculo se tengan en cuenta parcialmente determinados costes de reparación o garantía, no permite concluir necesariamente que exista una prestación de servicios independiente sujeta al impuesto sobre el valor añadido. Los elementos determinantes son la existencia de una relación jurídica con prestaciones recíprocas y un vínculo directo entre el servicio identificable y la contraprestación percibida.

A diferencia de lo que ocurre en las ejecuciones judiciales, en las administrativas la anotación preventiva de embargo no puede garantizar deudas posteriores de vencimientos periódicos, aunque sea por el mismo concepto que las ya anotadas.

Es válida una compraventa celebrada por una sociedad antes de su inscripción registral, aplicando la doctrina de la ratificación tácita que reconoce eficacia contractual a las sociedades en formación frente a terceros.

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.

Es jurisprudencia reiterada la que considera que no es posible intentar subsanar el pago con posterioridad al momento de interponer el recurso; solo podrá subsanarse su falta de acreditación y, por ello, no es aplicable la constitución del aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento a que se refiere el artículo 449.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.