GA_P asesora a los socios de Grupo Masao en su venta a Hana Group

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha sido objeto de reforma, como otras normas procesales, con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, el artículo 24 de esta última introduce aspectos de interés en el proceso laboral.

Si la sociedad incurre en causa de disolución por computar las pérdidas de 2020 y 2021, hay que convocar la junta general en el plazo de dos meses desde la extinción de la moratoria contable por no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024.

Mas facilidades para la anulación de contratos sobre instrumentos financieros

La Sentencia del Tribunal Supremo 1623/2024, de 3 de diciembre, examinó los presupuestos para la aplicación del artículo 89 de la Ley de Contrato de Seguro (ausencia de dolo en el tomador y transcurso de un año) y precisó que su efecto es impedir al asegurador tanto rescindir el contrato como recurrir a la llamada regla de equidad.

La STS 768/2024, de 7 de mayo (sala tercera) reproduce la STS de 3 de octubre de 2022 y niega legitimación activa a los titulares de equity swaps que se liquidan en efectivo para impugnar acuerdos de la CNMV autorizatorios de una opa sobre las acciones constitutivas del subyacente del swap

Más allá de los tradicionales contenidos de normas en tramitación y disposiciones legales y reglamentarias -nacionales y europeas- llamamos en esta ocasión vuestra atención sobre dos documentos de futuro (de la aparentemente inocua serie C del Diario de la Unión) que darán mucho de sí y cuya referencia detallada se acompaña en el Boletín: se trata de dos dictámenes del Comité Económico y Social Europeo denominados respectivamente "Una transición justa para garantizar un futuro sostenible para los sistemas agroalimentarios de la UE" y "Deforestación de la selva amazónica: repercusiones para el cambio climático y el medio ambiente mundial y consecuencias para las empresas, los trabajadores y la sociedad". Muy atentos a lo que deparen cada uno de ellos en su ámbito.

Cuando el coste de la reparación de los daños sufridos por un vehículo asegurado «a todo riesgo» resulte manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al tiempo del siniestro puede fijarse una indemnización equivalente al precio de mercado más una cantidad calculada como un porcentaje de este precio («valor de afección»)

La reforma afecta al plazo del que disponen los administradores para convocar la junta general para que acuerde la disolución cuando cesan los efectos de la comunicación de la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración. La norma todavía en vigor establece que la junta general se debe convocar “de inmediato” y ahora se ofrece un nuevo plazo de dos meses. La norma no afecta al deber de solicitar la disolución judicial