A GA_P é a sociedade que mais se aproxima de uma representação equilibrada entre mulheres e homens na sua equipa de sócios | CincoDías

Las sentencias acreditan la actualidad del problema, tanto sucesorio como societario, cuando el derecho recae sobre capital mobiliario del constituyente consistente en acciones sociales. Es difícil gestionar el usufructo en la colación hereditaria y en el derecho de reparto de dividendos.

Resulta irrelevante el importe de la cesta de Navidad si se trata de un derecho adquirido. Y constituye un derecho adquirido cuando del comportamiento empresarial (compra, organización, reparto, etc.) se deriva una voluntad expresa y recurrente de dispensar una cesta por Navidad.

El Tribunal Supremo determina que, en los supuestos de custodia compartida, los progenitores que satisfagan anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial podrán aplicar en el mismo período impositivo tanto el mínimo por descendientes del artículo 58 de la Ley 35/2006 como el régimen de anualidades por alimentos previsto en el artículo 64 de dicha norma, todo ello en función del tiempo en que exista convivencia efectiva entre progenitor y descendiente.

La DG incurre en el formalismo de distinguir entre prenda y cesión en garantía, impidiendo el acceso registral sin justificación

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de noviembre.

Mediante la interpretación evolutiva el órgano judicial no puede hacer decir a la norma lo contrario de lo que dice, pero puede acudir a la nueva regulación para esclarecer el sentido de la anterior que debe aplicar.

La Audiencia Nacional aborda el tratamiento fiscal de la comisión de éxito (carried interest) satisfecha por una entidad de capital-riesgo a su sociedad gestora con ocasión de la transmisión de participaciones, y dirime si constituye un coste directamente asociado a la operación de venta —que minora la plusvalía obtenida sobre la que se aplica la exención prevista actualmente en el artículo 50 de la Ley 27/2014— o si, por el contrario, se trata de un gasto de gestión ordinario deducible de forma independiente.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia 467/2026, declara que las sanciones no tributarias impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos no devengan intereses de demora mientras su ejecución esté suspendida cautelarmente en la vía judicial. A diferencia de lo que ocurre con las sanciones tributarias (para las que la Ley General Tributaria prevé expresamente ese devengo), fuera de ese ámbito ningún precepto lo establece, y exigirlo restringiría la eficacia de la tutela cautelar. Además, conforme al Tribunal Supremo, la liquidación de esos intereses puede recurrirse directamente en la vía contencioso-administrativa, sin reclamación económico-administrativa previa.