Tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo acerca de la duración del procedimiento de resolución contractual y la competencia para su determinación, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2024 abre un nuevo escenario de compleja interpretación acerca de las reglas aplicables a los procedimientos de resolución iniciados bajo la vigencia de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Real Decreto-Ley 9/2024, de 23 de diciembre: se prorroga por cuarta vez —hasta el 31 de diciembre de 2026— el régimen aplicable a las inversiones realizadas por residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio

Orden TDF/1494/2024, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la integración de IA en las cadenas de valor de medios de comunicación, en el contexto de la Estrategia de IA 2024 —financiado por la UE— Next Generation EU

Más allá de los tradicionales contenidos de normas en tramitación y disposiciones legales y reglamentarias -nacionales y europeas- llamamos en esta ocasión vuestra atención sobre dos documentos de futuro (de la aparentemente inocua serie C del Diario de la Unión) que darán mucho de sí y cuya referencia detallada se acompaña en el Boletín: se trata de dos dictámenes del Comité Económico y Social Europeo denominados respectivamente "Una transición justa para garantizar un futuro sostenible para los sistemas agroalimentarios de la UE" y "Deforestación de la selva amazónica: repercusiones para el cambio climático y el medio ambiente mundial y consecuencias para las empresas, los trabajadores y la sociedad". Muy atentos a lo que deparen cada uno de ellos en su ámbito.

O Decreto-Lei n.º 101/2024 redefine o CELE, estabelecendo novas metas de redução de GEE e promovendo a adoção de tecnologias de baixo ou zero carbono, alinhando o País com os objetivos climáticos da União Europeia.

La Sentencia del Tribunal Supremo 4203/2024, de 23 de julio, casa una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que no entra a valorar una eventual infracción del derecho de la competencia por parte de una UTE, desde el entendido de que la posibilidad de concurrir en unión temporal de empresas debió impugnarse.

Real Decreto Ley 7/2024, de 11 de noviembre: flexibilización de obligaciones de los consumidores electrointensivos afectados por la DANA (arts. 10 y 12 Real Decreto 1106/2020)

El proyecto de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia dispone la sustitución de los Juzgados unipersonales actualmente existentes por un único Tribunal de Instancia colegiado por cada partido judicial, con sede en su capital

El mercado de derechos de emisión de GEI creado por el Protocolo de Kioto ha inspirado la creación de sistemas similares y tiene su reflejo en la posibilidad de transferencia internacional de resultados de mitigación del artículo 6.2 del Acuerdo de París que ha recibido un impulso importante en la COP de Bakú