El Tribunal Supremo ha fijado jurisprudencia confirmando que las autoridades de competencia tienen la facultad de acordar y modular en sus resoluciones el alcance y la duración de las prohibiciones de contratar derivadas de sanciones firmes por falseamiento de la competencia. Las sentencias ponen fin a la discusión jurídica existente y confirman la reciente práctica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Autoritat Catalana de la Competència.

El pasado 22 de enero de 2026 ha sido objeto de publicación el informe elaborado por el Observatorio de Contratación Pública en respuesta a la consulta pública iniciada por la Comisión Europea para la evaluación y revisión de las Directivas de contratación pública de 2014. El informe, exhaustivo y detallado, identifica las limitaciones e ineficiencias que revela el sistema actual y propone reformar tanto el instrumento jurídico a través del cual disciplinar esta materia, como el propio modelo de compra pública vigente.

Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.

La STS de 11 de septiembre de 2025 (rec. 7878/2024) dictada con ocasión de una solicitud de acceso a la aplicación informática BOSCO, consagra el principio de «transparencia algorítmica» anclándolo en el artículo 105.b CE. Conforme a este principio, el acceso al programa informático que determina una decisión administrativa se configura como una manifestación del derecho de acceso a la información pública que debe ponderarse en cada caso con otros derechos o intereses dignos de protección.

El Reglamento moderniza y unifica el marco regulatorio del suministro y la comercialización de energía eléctrica, con medidas para reforzar la protección del consumidor y el establecimiento del régimen aplicable a la figura del agregador independiente.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 68/2026, de 28 de enero, analiza cómo proceder cuando un reglamento aplicable para resolver un litigio ha sido anulado por una sentencia que aún no ha adquirido firmeza. En estos casos, el Tribunal Supremo descarta fundar la decisión exclusivamente en esa nulidad no firme y ofrece dos vías: ampliar el objeto del proceso (art. 33.2) o acordar la suspensión por prejudicialidad contencioso-administrativa.

Cuando se aprecia una grave irregularidad en la contratación administrativa por su naturaleza laboral, la competencia es del orden social. Pero, si el cauce administrativo no está fuera de los supuestos previstos por la ley, la competencia corresponde al orden contencioso-administrativo.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.

La exoneración de la acreditación del consumo mínimo será aplicable exclusivamente a la campaña de certificación del año 2026.