Las contradicciones y erratas del Gobierno amenazan la seguridad jurídica del empleo | El Economista

De creación jurisprudencial, la garantía de indemnidad alcanza ahora un régimen jurídico específico en la Ley Orgánica de Derecho del Defensa. Las personas trabajadoras podrán ejercer esta garantía ante las consecuencias desfavorables por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales. Aunque ya existía este reconocimiento, la exigencia de derivar en una reclamación judicial restringía una aplicación que, ahora, parece ampliarse.

Un nuevo Acuerdo del Tribunal Supremo, establece el formato y los límites de los escritos de formalización e impugnación de los recursos de casación, que habrán de ir precedidos por una carátula «resumen», disponible en la web del CGPJ. Todo ello será aplicable en el plazo de veinte días.

Se condena a la empresa por daño moral al compartir datos relativos a la vida privada de una empleada derivados de una demanda interpuesta contra la empresa. Estos datos se publican en una carpeta digital que, ante la ausencia de las debidas medidas de seguridad, son accesibles por terceros.

La obligación de propiciar ajustes razonables en el puesto de trabajo para las personas con incapacidad permanente adquiere ahora una relevancia nueva al desaparecer como causa de extinción automática del contrato de trabajo. Porque ahora, salvo voluntad en contra del trabajador, la empresa dispone de tres meses para efectuar dichos ajustes u ofrecer la vacante de un puesto adecuado. Deberá justificar su negativa en la carga excesiva que supone para la empresa enfrentándose de lo contrario, no sólo al incumplimiento legal con las consecuencias debidas, sino al mantenimiento de la relación laboral, también con todas sus consecuencias.

El que no exista un Convenio superior no legitima que un Convenio de empresa establezca la prohibición de que aquél entre a regular su estructura salarial, toda vez que lo característico de las normas jurídicas es su vocación de aplicación a situaciones futuras

Pese a su jubilación, un juez o magistrado deberá participar en la deliberación, votación, redacción y firma de sentencia en aquellos pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado, sin que para ello se necesite nuevo nombramiento por ser parte de la prorrogatio iurisdictionis.

Aunque no pueda ser considerado como movilidad geográfica porque no supone cambio de residencia, el cambio de lugar de trabajo que implica un esfuerzo desproporcionado (una hora y media de desplazamiento) para el trabajador puede ser calificado como modificación sustancial

La expropiación forzosa del local de la empresa no puede ser considerada causa de fuerza mayor para justificar el despido si no ha sido previamente calificada como tal por la autoridad laboral, convirtiendo el despido colectivo «de hecho» en nulo