Las contradicciones y erratas del Gobierno amenazan la seguridad jurídica del empleo | El Economista

La alegación del derecho de información no justifica por sí solo la obtención de los salarios individuales de cada trabajador toda vez que la normativa vigente no prescribe tal obligación, siendo suficiente el conocimiento de los datos medios pormenorizados

La Sala de lo Social concede pensión de viudedad al cónyuge que, tras el divorcio y el fallecimiento del excónyuge, debe abonar íntegramente la hipoteca de la vivienda familiar, establecida en el divorcio en pago por mitad, interpretando que se trata de una pensión compensatoria.

En el desarrollo reglamentario del registro de la jornada que anuncia el Ministerio se recoge la implantación del registro electrónico, la inclusión personal y directa de cada registro por la persona trabajadora con un sistema de verificación de identidad en cada caso y con garantías informáticas de autenticidad; la precisión sobre si se trata de un tiempo de trabajo efectivo o de mera disponibilidad, así como la distinción entre las horas ordinarias y extraordinarias; una mayor participación de los representantes en la fiscalización del cumplimiento de la obligación empresarial y la implementación de mecanismos digitales para garantizar el acceso en remoto de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Con carácter general, la empresa no puede establecer unilateralmente que la suspensión por incapacidad temporal comporte la minoración del incentivo o bonus anual, porque no se admite como causa que justifique esta consecuencia, salvo que exista base legal o convencional que lo sustente

Existe un «derecho de información pasiva» que obliga a la empresa a proporcionar a las organizaciones sindicales información que constituye contenido esencial de la libertad sindical, entre otros aspectos, sobre los algoritmos o herramientas de inteligencia artificial. Mas no siempre se trata de una nueva fórmula de fijación de la organización productiva, sino de herramientas más sofisticadas de determinación, que no requerirían información plena sobre su utilización.

En ocasiones, los tribunales consideran discriminatorio el complemento «antiabsentismo» al introducir un trato desfavorable ante la incapacidad temporal, bien al remunerar el complemento si es la única baja en el año natural o bien al penalizar la incapacidad temporal recurrente, constituyendo una discriminación por razón de salud.

El efecto de la interrupción de la prescripción se produce con independencia de la existencia de desistimiento por incomparecencia, que sólo implica una renuncia a seguir en el proceso, pero no al ejercicio de la acción que se mantiene viva. Mientras el asunto esté judicialmente pendiente, la acción no está prescrita.

El Gobierno planea una reforma integral de la jubilación compatible con el trabajo por medio de la jubilación «reversible», permitiendo que se reincorporen con más facilidad al mercado de trabajo las personas que ya sean pensionistas de jubilación. Podrán hacerlo si el trabajo es a tiempo parcial, ya por cuenta ajena, ya por cuenta propia, y se aplicará también a los trabajadores autónomos siempre que, en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, el pensionista no hubiera estado dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. La cuantía de la pensión se minorará en proporción con la reducción de la jornada del pensionista.

Cuando se discute una diferencia en el importe de la pensión —por cantidades no incluidas en la mejora voluntaria— es evidente que se reclama contra una falta de reconocimiento de una parte del derecho y no contra la falta de pago de un derecho ya reconocido. Corresponde la prescripción de cinco años