Los bufetes auguran un año clave para Público: ‘boom’ de actividad y alza de facturación | El Confidencial

La contratación pública española adolece de una anomalía constante, consistente en la prestación de servicios con posterioridad a la extinción del contrato por el transcurso de su plazo de duración. Esta patología, presente en todos los niveles territoriales de la Administración Pública, da lugar a situaciones en las que el contratista continúa prestando los servicios a solicitud de la Administración, si bien fuera de los márgenes contractuales pactados. Una de las principales dificultades que plantean estas situaciones es la relativa a la naturaleza de los pagos que deben realizarse para la remuneración de los servicios prestados – indemnizatoria versus contractual – y la concerniente a la determinación del dies a quo para el cómputo de los intereses moratorios. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 1200/2025, de 29 de septiembre de 2025, sienta los criterios que deben regir este tipo de situaciones anómalas.

El nuevo cociente entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la instalación al que se refiere el artículo 3.2. d) del Real Decreto 1106/2020 es de 0,61 kWh/€.

Noticia sobre el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, para poder imponer a las compañías de seguros un plan de choque cuando sufran crisis de liquidez que cuestionen su viabilidad

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de enero.

La nota recoge de forma separada el listado de los operadores principales y las empresas o grupos dominantes en el sector energético español clasificados por sectores o en el caso del sector eléctrico por tipo de actividad

La disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social prevé la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos que han podido percibir las entidades locales por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil como consecuencia de sentencias judiciales firmes.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 184/2025 estima un recurso de amparo por vulneración del principio de legalidad sancionadora del artículo 25.1 CE. La Sentencia se pronuncia sobre el alcance de este principio, en su vertiente de garantía formal, y declara la competencia del Tribunal Constitucional para anular, de forma indirecta, los preceptos reglamentarios que han sido aplicados por la actuación administrativa recurrida en amparo

El Ministerio de Industria y Turismo somete a información pública un Proyecto de Real Decreto que persigue modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos, con el objetivo de lograr el refuerzo del mecanismo compensatorio y corregir la pérdida de su eficacia, mediante la ampliación de los costes subvencionables y la simplificación de algunas de las obligaciones