Mafalda Barreto sobre sus expectativas para el mercado portugués de prestación de servicios jurídicos a empresas en 2024 | Jornal de Negócios | Jornal de Negócios

La prórroga de la anotación preventiva de embargo constituye un mero trámite procesal que no tiene más trascendencia que evitar su caducidad y, por ello, no exige una notificación específica al deudor o a otros eventuales interesados.

Se amplía la jubilación flexible permitiendo compatibilizar la jubilación con un trabajo a tiempo parcial entre un 33 y un 80 por ciento de jornada o con una actividad por cuenta propia. Si la jornada es igual o superior al 55 por ciento, la cuantía de la pensión compatible se incrementará en un 25 por ciento adicional y si es inferior, en un 15 por ciento.

El Tribunal Supremo deniega la aplicación de la reducción del 30 % prevista en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006, a las indemnizaciones que los socios profesionales de una entidad puedan percibir por la extinción anticipada de la relación mercantil acordada unilateralmente por la sociedad, considerando que tales pagos no retribuyen realmente servicios profesionales prestados durante un período superior a dos años, sino que únicamente compensan la imposibilidad de seguir prestándolos hasta la edad de jubilación.

No es posible la aportación de rama de actividad con valor neto cero en una ampliación de capital, si bien es una transmisión con causa que puede efectuarse como aportación al patrimonio de la sociedad y sin contraprestación (como aportación a fondos propios de la cuenta 118 PGC), debiendo expresarse con claridad en la escritura el concepto en el que se efectúa la aportación.

Una deficiente sentencia para un problema hasta ahora irresuelto en el cártel de los camiones. Las excepciones oponibles en el seno de una responsabilidad solidaria.

El trabajo analiza críticamente la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo del 2026 que aplica la prohibición de asistencia financiera a un supuesto de venta de autocartera con pago aplazado a los socios propios accionistas de la sociedad asistente.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Odabal, el Tribunal Supremo fija, entre otros criterios, que la contratación temporal abusiva de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas no permite adquirir fijeza sin superar un procedimiento de acceso al empleo público porque vulneraría la Constitución española.

No importa la calificación civil o mercantil de este contrato