Mafalda Barreto y Almudena Arpón de Mendívil entre las 50 mejores mujeres del ámbito jurídico | Iberian Lawyer

En contra del criterio de la Inspección de los tributos y del Tribunal Económico-Administrativo Central, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de enero del 2025 se pronuncia en favor de que las agrupaciones de interés económico apliquen la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, al quedar acreditada su condición de productora de acuerdo con la normativa sectorial, aun cuando su porcentaje de participación en la obra sea inferior al de la coproductora extranjera.

Promovido el incidente del artículo 675, apartado 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y declarado el derecho del ejecutado a permanecer en la vivienda, el adjudicatario puede acudir al juicio de desahucio por precario para desalojarle haciendo valer la prevalencia de su título

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, separándose del criterio de la Dirección General de Tributos, determina al hilo de un supuesto de venta parcial de criptomonedas que el método FIFO no es aplicable para calcular la ganancia o pérdida patrimonial generada por la operación.

Se examina la reciente e importante Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) núm. 222/2025, de 4 de marzo (ECLI:ES:TS:2025:1030).

En nuestra práctica jurídica nos encontramos con actuaciones inspectoras en las que el actuario recoge en el acta que no se aprecian indicios de la comisión de infracciones tributarias y, sin embargo, el órgano competente para dictar el acuerdo de liquidación considera que sí existen tales indicios y que corresponde iniciar un procedimiento sancionador en el que se acabe sancionando al contribuyente. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre las implicaciones de estas situaciones desde el punto de vista del análisis de la culpabilidad y del principio de buena administración.

Según la SAP de Madrid 6/2025, de 10 de enero, la existencia de una concreción mínima en el eventual acuerdo adoptado por la junta general acerca del ejercicio de la acción social de responsabilidad (de modo que pueda identificarse la conducta del administrador en que se fundamenta la pretensión) constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio judicial de dicha acción contra el administrador afectado

Si el acreedor goza de una garantía real para la seguridad de su crédito (incluso si la deuda está cubierta por el «valor de la garantía», es decir, que el crédito está in the money), el deudor no puede evitar los efectos de la pérdida del plazo apelando a la existencia de aquella garantía real porque la garantía a que se refiere el artículo 1129.1.º del Código Civil (evitadora de la pérdida del plazo) deberá ser entonces otra garantía suplementaria.

Doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a propósito de los artículos 1504 del Código Civil y 59 del Reglamento Hipotecario

En el escrito de impugnación, los motivos subsidiarios de fundamentación del fallo deben dirigirse a lograr la confirmación del fallo y no a pretender un fallo diferente como resultaría de la estimación de otras excepciones procesales que no integraron el fallo de instancia.