Nuno de Oliveira Garcia comenta los Presupuestos del Estado que se aprobarán el 25 de noviembre | Jornal de Negócios

En contra del criterio mantenido por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que la exención de los intereses pagados a residentes de la Unión Europea debe aplicarse en los términos que el legislador nacional ha optado por mantener, sin las exigencias adicionales de la Directiva 2003/49/CE. En caso de apreciar la existencia de prácticas abusivas, la regularización tributaria debe hacerse acudiendo a alguna de las cláusulas generales antiabuso previstas en la Ley General Tributaria.

El Tribunal Económico Administrativo Central determina que, al igual que los sujetos residentes en nuestro país, también los no residentes deben tributar por los rendimientos derivados del arrendamiento de un inmueble situado en España independientemente de si las rentas han sido o no percibidas por los arrendatarios, debiendo imputarse tales rentas conforme a la regla general de imputación establecida en el artículo 14 de la Ley 35/2006, es decir, la de su exigibilidad.

La Dirección General de Tributos dirime si la formalización en escritura pública de la liberación de un codeudor original de un préstamo hipotecario en la disolución de un condominio, está sujeta a la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, en ese caso, quién tiene la condición de sujeto pasivo

El Tribunal Central determina que la norma reguladora del plazo para el ejercicio de la potestad sancionadora del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria —como también las disposiciones reguladoras de la prescripción y extinción de la responsabilidad sancionadora— no sólo es de naturaleza procedimental, sino también sustantiva, por lo que deberá aplicarse en cada caso la redacción de la norma que se encuentre vigente en el momento de cometerse las infracciones. En dicha materia sustantiva no cabe —señala el Tribunal— la aplicación retroactiva de modificaciones legislativas de naturaleza agravatoria.

Análisis de relevantes criterios doctrinales y judiciales sobre la posibilidad de aplicar los beneficios fiscales previstos para las empresas familiares en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre sucesiones y donaciones -teniendo especialmente en cuenta la normativa catalana en este último caso- cuando aquéllas, dedicándose al arrendamiento de inmuebles, alquilan alguno de sus inmuebles a personas que integran el grupo familiar

El Tribunal Supremo fija como doctrina que no cabe considerar situación jurídica consolidada en los términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 las liquidaciones o las resoluciones desestimatorias de los recursos interpuestos contra acuerdos de liquidación cuando, antes de la fecha del dictado de la sentencia, hubiera dado comienzo el plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso-administrativo.

La Dirección General de Tributos recuerda algunas de las implicaciones fiscales de los «trust» en España, abordando específicamente la cuestión cuando el sujeto designado como beneficiario de los mismos tributa en nuestro país conforme al régimen de impatriados

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifiesta sobre las consecuencias que, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, pueden tener los ajustes compensatorios derivados de la aplicación de la política de precios de transferencia.

En el caso analizado sólo puede entenderse indebido el ingreso de la deuda tributaria a partir del conocimiento de la sentencia penal recaída en un proceso impulsado por la propia Administración. El hecho de que la sentencia fuera absolutoria por falta de prueba no impide constatar que en ella se declaró que no había falsedad ni infracción fiscal alguna a efectos penales, por lo que es a partir de su contenido, y no antes, cuando queda establecido que el ingreso fue indebido.