Nuno de Oliveira Garcia reflexiona sobre el mantenimiento de las aportaciones extraordinarias en 2025 | Jornal de Negócios

El alto tribunal rechaza la asimetría de los tipos de interés aplicables a las posiciones acreedoras y deudoras, subraya que la retribución de la entidad coordinadora o líder del sistema de cash pooling debe ser acorde con las funciones y riesgos asumidos por ella, y confirma que la calificación crediticia de referencia para analizar estas operaciones debe ser la del grupo multinacional en su conjunto

Para entender cumplido el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, a efectos de considerar que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica posibilitando la aplicación de los beneficios de la empresa familiar en el ámbito sucesorio, es suficiente la contratación de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa para gestionar la actividad, sin que sea necesario justificar tal contratación desde un punto de vista económico.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina del doble tiro de la Administración, fija este nuevo criterio: tras la anulación total por razones sustantivas de un acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria dictado en aplicación del artículo 43.1b de la Ley General Tributaria, a resultas de la insuficiente actividad probatoria de la Administración, ésta puede, dentro del plazo de prescripción, iniciar un nuevo procedimiento y dictar un segundo acuerdo de declaración de ese mismo presupuesto de responsabilidad frente al mismo sujeto.

La remisión efectuada por el legislador del Impuesto sobre la Renta de No Residentes al artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se efectúa a efectos de cuantificar la renta imputada, pero no para delimitar el hecho imponible.

El Tribunal Supremo determina que no debe rechazarse el carácter laboral del contrato suscrito entre una comunidad de bienes dedicada al arrendamiento de inmuebles y uno de sus comuneros, por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada, pudiendo cumplirse así el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006 para entender que existe actividad económica.

La Audiencia Nacional ha determinado que los contribuyentes que residan en países que no formen parte de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, también podrán deducir en el impuesto sobre la renta de no residentes los gastos vinculados al arrendamiento de inmuebles situados en territorio español.

El Tribunal Supremo reitera su doctrina previa y refuerza la obligación de la Administración de remitir al órgano de revisión económico-administrativa el expediente administrativo de forma completa y dentro del plazo legalmente establecido, garantizando así el ejercicio adecuado del derecho de defensa de los obligados tributarios.

En este artículo se analizan situaciones que, aunque no implican la transmisión de la propiedad de los inmuebles, son legalmente equiparadas a la compraventa y sujetas a tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas en Portugal.

La Dirección General de Tributos analiza cómo han de interpretarse los requisitos previstos en el artículo 23.2. de la Ley 35/2006 para aplicar la reducción del 90% sobre el rendimiento neto positivo del capital inmobiliario derivado del alquiler de viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, especialmente cuando se formalizan contratos de alquiler sucesivos