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NOTICIA
GA_P asesora a Águas da Figueira en el contrato de concesión con el municipio de Figueira da Foz
29 de noviembre, 2024
Gómez-Acebo & Pombo asesoró a Águas da Figueira (joint venture entre Aquapor Serviços, S.A. y AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade), concesionaria del sistema de agua y saneamiento de Figueira da Foz, en la negociación de la 4ª modificación del contrato de concesión firmado con el municipio de Figueira da Foz.
Esta 4ª modificación supone que el concesionario invertirá 21 millones de euros en 12 años, ampliando la duración de la concesión hasta 2042.
También es destacable en esta operación la postura adoptada por ERSAR, el regulador del sector, que confirmó por primera vez un entendimiento jurídico innovador sobre la forma en que la ley actualmente en vigor se aplica a las concesiones anteriores de servicios de agua y residuos.
El equipo estuvo dirigido por Ana Luísa Guimarães, socia de la práctica de Sectores Públicos y Regulados en Lisboa.
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Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación
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Gómez-Acebo & Pombo
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Contratos del Sector Público N.º 181
La contratación de prestaciones de carácter intelectual, como son los servicios de arquitectura o ingeniería, plantea dificultades en tanto que la legislación de contratos no establece una regulación sistemática al respecto. Esta circunstancia, unida a los requisitos legales previstos para la adquisición de este tipo de bienes, determina en ocasiones la celebración de contratos que no se ajustan, en su definición o configuración, a los contornos legales que delimitan esta modalidad contractual.
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Desde el 1 de julio de 2025, todo arrendador de corta duración debe obtener un número de registro expedido por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles para poder anunciar su alojamiento en las plataformas digitales. El Real Decreto 1312/2024, que regula este procedimiento —actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo— fue objeto de varias observaciones de carácter esencial por el Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto que no han sido atendidas.
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Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.
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La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025 revisa su doctrina previa sobre la posibilidad de que los entes locales ejerzan la acción pública urbanística y precisa en qué supuestos ostentan legitimación activa para impugnar el planeamiento aprobado por otro municipio
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Aclaraciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las obligaciones de calcular la huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.
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Contratos del Sector Público N.º 180
El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público
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Modificación de concesiones y pérdida del carácter in house: el Tribunal de Justicia delimita los casos en que no es necesaria una nueva licitación
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del 2025 aborda el alcance de las modificaciones contractuales en concesiones públicas adjudicadas originalmente a entidades in house que, con el tiempo, habían perdido esa condición. La cuestión prejudicial se planteó en un litigio sobre la ampliación de contratos de concesión de servicios auxiliares en autopistas para incluir la construcción y explotación de infraestructuras de recarga eléctrica.
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