Nuno de Oliveira Garcia reflexiona sobre el mantenimiento de las aportaciones extraordinarias en 2025 | Jornal de Negócios

Para la Gran Sala del Tribunal de Justicia, una exención fiscal basada en criterios objetivos y no discriminatorios e integrada en la lógica del régimen jurídico del impuesto al que acompaña es inherente al régimen tributario «normal» y no confiere, en principio, una ventaja selectiva. En estos supuestos, los requisitos para conceder la exención son neutros desde el punto de vista de la competencia y el hecho de que algunas empresas los cumplan y otras no carece de pertinencia a la luz de las normas sobre las ayudas de Estado.

La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de aplicar la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando una empresa familiar dedicada al arrendamiento de inmuebles contrata a una persona a jornada completa para gestionar la actividad, estando ésta se halla encuadrada en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha estimado las pretensiones del contribuyente al considerar que una comunicación de inicio de actuaciones referida, con carácter genérico, al ITP-AJD y a un ejercicio, y no a una operación individualizada, no tiene eficacia interruptiva de la prescripción, al tratarse de tributos de devengo instantáneo.

La Audiencia Nacional determina cómo ha de determinarse el valor de adquisición de las participaciones de una empresa familiar cuando, tras su donación, la Administración entendió que se incumplieron los requisitos previstos en el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la aplicación de la reducción del 95% del impuesto sobre sucesiones y donaciones

La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de continuar aplicando el régimen fiscal de impatriados por parte de un sujeto acogido al régimen fiscal de impatriados, cuando se interrumpe la relación laboral o cesa en la condición de administrador que hubiese motivado el desplazamiento a territorio español, siguiendo a tal circunstancia un período de inactividad.

La Ley 3/2025, de 29 de abril, por la que se modifica el Concierto Económico con el País Vasco, ha introducido una serie de novedades tributarias que afectan a múltiples figuras impositivas, algunas ya concertadas y otras nuevas, como el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud; el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; o el Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco.

Analizamos la doctrina del Tribunal Supremo acerca de la impugnación de sanciones sobre la base de vicios que afectan a una liquidación previa que es firme y los matices cuando se trata de infracciones de naturaleza formal, como sería, según el tribunal, la del artículo 192 de la Ley General Tributaria.

El Tribunal de Justicia avala que las autoridades nacionales denieguen los beneficios de la Directiva Matriz-Filial cuando una estructura carece de realidad económica, aun cuando no sea una entidad instrumental, siempre que concurran los elementos constitutivos de una práctica abusiva. No obstante, la calificación de la estructura como un arreglo falseado debe descansar sobre una evaluación global de todos los hechos y circunstancias pertinentes, incluidas las justificaciones comerciales y actividades genuinas previas. La existencia de un arreglo falseado no basta para concluir la obtención una ventaja fiscal contraria a la directiva.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia ha determinado que para calcular el valor de adquisición de los inmuebles que se transmiten tras haber estado arrendados, la cantidad que habrá de minorarse de tal valor en concepto de amortización mínima —siguiendo el tenor literal del artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas— es la que resulta de la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades.