Nuno de Oliveira Garcia sobre la disminución del tipo de retención | Expresso

El Tribunal Supremo vuelve a cuestionar que la Administración pueda recalificar directamente como reducción de capital con devolución de aportaciones una operación de adquisición en autocartera seguida de amortización, debiendo tramitar necesariamente a esos efectos el procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria establecido en el artículo 15 de la Ley General Tributaria.

Mediante el Auto número 30/2026, de 26 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6933-2025, planteada en relación con el artículo 3.2.7 del Real Decreto Ley 3/2016. Dicho precepto modificó el artículo 21.6 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, para establecer la no integración en la base imponible de determinadas rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades. Al tratarse de una decisión de inadmisión, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo de las dudas de constitucionalidad suscitadas, lo que deja abierta la puerta a que la cuestión pueda volver a plantearse en futuros procedimientos.

La Dirección General de Tributos aclara el impacto sobre la reserva de capitalización de la operación de reducción de capital mediante amortización de acciones propias y devolución de aportaciones a los socios. El centro directivo confirma la neutralidad de esta operación a efectos del requisito de mantenimiento de los fondos propios exigible para la aplicación del incentivo fiscal previsto en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre sociedades.

El Tribunal Supremo determina que en las escrituras de declaración de obra nueva, para determinar la base imponible de la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados, habrá de estarse al valor real de coste de la obra nueva que se declare, sin que se puedan aplicar coeficientes de actualización monetaria cuando el devengo se produce en un momento muy posterior a la construcción del inmueble

En fechas 22 y 29 de abril del 2026, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite doce nuevos recursos de casación relativos a la devolución del tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos. Tras la declaración de ilegalidad del tributo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el reconocimiento por el Tribunal Supremo de la legitimación para solicitar la devolución de los ingresos indebidamente realizados, el alto tribunal deberá pronunciarse sobre cuestiones relativas a la concreción de los estándares probatorios y a la definición precisa de los requisitos materiales para excluir la devolución.

El TSJM entiende que no ha existido simulación relativa en una operación en virtud de la cual un cónyuge ha transmitido al otro participaciones de entidades inactivas y sin activos, por un valor simbólico —1 euro—, generándose con ello pérdidas patrimoniales que fueron compensadas con ganancias patrimoniales

El Tribunal Económico Administrativo Central modifica su criterio anterior para adecuarlo a la doctrina del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, aceptando expresamente que el contribuyente puede rectificar las cuotas del impuesto sobre el valor añadido repercutidas en exceso tanto vía declaración —artículo 89. Cinco.b) de la Ley 37/1992—, como a través de la rectificación de su autoliquidación —artículo 89.Cinco.a) de la Ley 37/1992—.

El Tribunal Supremo deniega la aplicación de la reducción del 30 % prevista en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006, a las indemnizaciones que los socios profesionales de una entidad puedan percibir por la extinción anticipada de la relación mercantil acordada unilateralmente por la sociedad, considerando que tales pagos no retribuyen realmente servicios profesionales prestados durante un período superior a dos años, sino que únicamente compensan la imposibilidad de seguir prestándolos hasta la edad de jubilación.

La Dirección General de Tributos analiza cómo afecta al mantenimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 para aplicar la exención de empresa familiar el hecho de que uno de los miembros del grupo familiar que venía ejerciendo funciones directivas retribuidas en una sociedad operativa aporte sus participaciones en ella a su entidad holding, siendo ésta la que asuma las citadas funciones tras la aportación.