Nuno de Oliveira Garcia sobre la fantástica historia del TOS, dos Presupuestos del Estado y decisiones judiciales | Jornal de Negócios

El Tribunal Supremo analiza el alcance del requisito previsto en el artículo 31.2 del TRITPAJD, en la modalidad impositiva de actos jurídicos documentos, relativo a la inscribibilidad registral de actos y contratos, con el fin de determinar si tal condición ha de analizarse en abstracto teniendo en cuenta la clase de acto o contrato documentado en la escritura pública o, por el contrario, debe examinarse a la vista de las circunstancias del concreto acto o contrato que pudieran afectar a su inscripción

El Tribunal Económico-Administrativo Central, modificando expresamente su doctrina anterior, determina ahora que el artículo 171.3 de la Ley General Tributaria debe interpretarse conjuntamente con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que el sueldo, salario o pensión inembargable tiene esta condición sin ningún límite temporal y cualquiera sea la forma de su percepción

El Tribunal supremo incide en que la facultad de denegar la ampliación del plazo alegatorio no es una actuación de la Administración puramente discrecional, sino que exige una motivación suficiente que valore la petición atendiendo a las circunstancias concurrentes. A estos efectos, no se considera suficiente la mera invocación del posible incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento inspector.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio del 2025 declara que las dos primeras decisiones de la Comisión Europea sobre la incompatibilidad con las normas sobre ayudas estatales del régimen de amortización fiscal del fondo de comercio financiero generaron confianza legítima sobre el alcance y límites de la obligación de recuperación, incluyendo dentro de su alcance las adquisiciones directas e indirectas de participaciones en empresas extranjeras. Por tanto, no cabe la recuperación retroactiva de las ayudas relacionadas con adquisiciones indirectas cubiertas por las dos primeras decisiones, por lo que debe procederse a su devolución junto con los intereses de demora.

En distintas sentencias emitidas en abril y mayo de 2025, el Tribunal Supremo ha ratificado y profundizado en su jurisprudencia sobre la no intercambiabilidad de las instituciones contenidas en los artículos 13, 15 y 16 de la Ley General Tributaria. Respecto a la potestad de calificación de la Administración, ha admitido, aunque no de forma unánime, su suficiencia para recalificar los rendimientos del trabajo declarados por el administrador de la sociedad a efectos del Impuesto sobre la Renta cuando no se cuestionan las actividades económicas y rendimientos obtenidos por la entidad ni se sostiene su carácter instrumental.

La Dirección General de Tributos analiza si el heredero de participaciones de una empresa familiar, que aplicó la reducción establecida en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, transmitiendo tales valores posteriormente para reinvertirlos en fondos de inversión, puede volver a reinvertirlos para adquirir una vivienda, inmueble que podría estar terminado o en construcción.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado la naturaleza sancionadora de la responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades y, por tanto, la interdicción de responsabilidad objetiva. En consecuencia, esta responsabilidad queda sujeta a los principios que rigen en esta materia y, en particular, al principio de presunción de inocencia, en virtud del cual la carga de la prueba sobre la concurrencia de culpa recae en la Administración tributaria.

Para la Audiencia Nacional, el convenio de doble imposición prevalece sobre la legislación interna, que no puede contradecir su contenido y espíritu. El convenio hispano-brasileño califica claramente de dividendos, y no de intereses, los «juros sobre o capital próprio». Las consultas tributarias no tienen el carácter de fuente normativa, menos aún para contradecir el contenido de un convenio. Y tampoco cabe aplicar las normas fiscales internas cuando contravienen el espíritu del convenio ni efectuar una aplicación indebida del principio de reciprocidad.