Nuno de Oliveira Garcia sobre la fiscalidad de las ganancias inesperadas o excesivas | Expresso

El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de noviembre del 2025, establece como criterio que la omisión o denegación injustificada de la práctica de la prueba solicitada tempestivamente por el contribuyente en el procedimiento tributario sancionador vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia ―art. 24.2 de la Constitución―), siendo la sanción así impuesta nula de pleno derecho, sin posibilidad de subsanación o convalidación.

El TS determina que, cuando se hubiera previsto una sustitución vulgar para supuestos de renuncia pura, simple y gratuita por parte del heredero o legatario instituido, serán aplicables los artículos 26.f de la Ley 28/1987 y 53.1 del Reglamento del impuesto, por lo que para la liquidación del sustituto, sujeto pasivo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se tendrá en cuenta su patrimonio preexistente y se atenderá a su parentesco con el causante.

Para la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional, no existe ningún mandato constitucional derivado del principio de capacidad económica que exija la coincidencia en los criterios de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación tributaria a cuenta. Para cuantificar esta última obligación, autónoma y de carácter provisional, el legislador puede atender a criterios de técnica tributaria, simplificación o practicabilidad administrativa y establecer válidamente reglas de cuantificación de la renta obtenida más sencillas que para la obligación tributaria principal.

La Dirección General de Tributos analiza las implicaciones que, a efectos del IVA, se derivan de la realización de operaciones en la fase piloto de un proyecto, previas al inicio efectivo de la actividad. En ese contexto analiza tanto la deducibilidad de las cuotas soportadas en dicha fase preparatoria como la sujeción al impuesto de determinadas operaciones realizadas sin contraprestación entre la entidad creada para el desarrollo del proyecto y sus tres entidades socias.

El Tribunal Económico Administrativo Central, modificando su criterio anterior, determina que debe permitirse a una entidad no residente la recuperación del importe retenido en España que no haya podido ser deducido en el impuesto sobre sociedades de su país de residencia por la existencia de pérdidas en el resultado de la entidad

Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 15 de octubre del 2025 establece una pauta interpretativa de gran calado para las operaciones de fusión y adquisición al avalar la facultad de la Administración tributaria para requerir la aportación de informes de due diligence con base en su trascendencia tributaria. No obstante, esta conclusión plantea diversas cuestiones, como la exigencia de una motivación suficiente y el encaje, dentro del objeto de los requerimientos de información, de las valoraciones, análisis jurídicos y opiniones incluidos en dichos informes.

Los departamentos de la Agencia Tributaria han sido recientemente modificados para, entre otros aspectos, adaptar sus funciones y competencias a las nuevas formas de cooperación administrativa avanzada en materia tributaria —contempladas en Directiva (UE) 2021/514 del Consejo (DAC7) y transpuestas a la Ley General Tributaria—. Entre ellas, destacamos en este comentario la relevancia de las inspecciones conjuntas multilaterales, recordando sus principales características y analizando algunos de los problemas que puede plantear su implementación.

Todos los contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio, tanto residentes como no residentes, se encuentran en una situación comparable y, por tanto, han de poder aplicar el límite conjunto del artículo 31.uno de la Ley 19/1991, siendo indiferente a efectos del análisis de comparabilidad la existencia de una obligación real o personal, pues lo determinante es atender a la naturaleza y objeto de esta figura impositiva, así como a su contenido.