Pedro Poveda sobre los límites del reciclaje | Revista Ethic

El paquete de medidas tributarias incluido en el Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, consta de distintos incentivos en el ámbito de la imposición personal para reducir la dependencia y fomentar el ahorro y la eficiencia energéticos, la movilidad eléctrica y el apoyo al autoconsumo y a la inversión en renovables. Asimismo, cuenta con un conjunto de medidas coyunturales aplicables al ámbito de la fiscalidad energética y de la imposición indirecta destinadas a reducir la tributación de los productos más afectados por el incremento de los precios. Por último, se llevan a cabo algunas modificaciones en diferentes impuestos locales.

El Tribunal Constitucional recupera doctrina y rechaza la posibilidad empresarial de acudir a medios técnicos (o personales) no habituales durante el desarrollo de la huelga siempre que supongan minimizar, reducir o limitar los efectos del paro laboral al mantener la actividad de la empresa.

La reciente Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2025 ha estimado una demanda de error judicial contra un auto en el que se ejecutaba una sentencia anterior relativa a la liquidación de un contrato administrativo. El Tribunal Supremo considera que el auto impugnado se aparta de la sentencia que ejecuta y aplica una norma distinta de la que corresponde a efectos de cálculo de los intereses de demora y declara el error judicial de la resolución.

El Tribunal Supremo determina que la retribución que percibe el socio de una entidad por actuar como garante de las operaciones financieras realizadas por la sociedad con terceros, deben calificarse como rendimientos del capital mobiliario del artículo 25.4 de la Ley 35/2006, y por tanto integrarse en la base imponible general, descartando así su encaje en el apartado 2 del artículo 25 de la ley, lo que conllevaría su integración en la base imponible del ahorro.

Los intereses por aplicación de una cláusula penal pactada derivan del incumplimiento contractual, y guardan una clara conexión con el impago de la renta reclamada, por lo que es posible la acumulación de su reclamación en el juicio verbal de desahucio

En este análisis exponemos las modificaciones que introduce el Real Decreto Ley 7/2026 en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental por dos vías: mediante la creación y regulación de las zonas de aceleración renovable (ZAR), en las que los proyectos de energía renovable quedarán exentos de evaluación de impacto ambiental, y con la modificación de algunos aspectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos de generación de energía y de almacenamiento, así como de las instalaciones de transporte y distribución.

Entre las medidas sociales por la crisis de Oriente Medio se encuentra la nulidad del despido adoptado por empresas receptoras de ayudas directas del Plan. Aunque puede interpretarse de forma más amplia, ésta es la dicción que circunscribe la prohibición en el precepto regulador.

El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio 16/2025, mantiene la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19, de forma que, para el ejercicio 2026 no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.

En su resolución de 3 de diciembre de 2025, la «CNMC sancionó a ICON por la imposición de precios de reventa a sus distribuidores, tanto mayoristas en Canarias y Baleares, como minoristas en todo el territorio nacional.